A juicio por acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero: la Fiscalía pide tres años de prisión

Miguel Ángel Frontera, vecino de Brunete, se sienta en el banquillo desde el lunes, acusado de delitos de acoso, injurias graves con publicidad a una autoridad y descubrimiento de secretos -por lo que la Fiscalía pide para él tres años de prisión y una multa de 13.800 euros- por lo que considera siete meses de acoso en 2020 al chalet de Galapagar (Madrid) del entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y de la que era ministra de Igualdad Irene Montero. Un comportamiento que, según el Ministerio Público, provocó "una alteración de su vida familiar diaria" y de sus actividades cotidianas debido a "los ruidos constantes en horarios de descanso" de sus hijos de corta edad, así como la "limitación de movimientos en compañía de los menores por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos”.

Además, el Ministerio Público reclama al Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid que prohíba al acusado acercarse a Pablo Iglesias e Irene Montero a menos de 500 metros por un periodo de entre dos y tres años. Por su parte, la defensa del ex vicepresidente del Gobierno y la exministra de Igualdad pide para Frontera una pena de un año y medio de cárcel, una multa de 9.000 euros y otros diez mil como indemnización por daños morales a cada uno de ellos.

Según el escrito de acusación, entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre de 2020 el acusado, disconforme con la gestión por parte del Gobierno de la crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19, canalizó sus protestas "enfocando su malestar" en Iglesias y Montero y sus tres hijos de corta edad, acudiendo a las concentraciones frente al chalet familiar en Galapagar, llegando a "portar un aparato de música con altavoces en el que reproducía con el volumen alto el himno nacional", realizando caceroladas y profiriendo además gritos dirigidos al vicepresidente del Gobierno, tachándole de "chepas" y "garrapata" y avisándole: "No vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela".

"Felicidades, hijo de puta"

El 2 de junio de 2020, Frontera acudió portando una pancarta con el texto: "Pablo Iglesias... hijo de terrorista", con la que también acudió los dos días siguientes y a la que el 5 de junio añadió en su cara posterior otro texto dirigido a la ministra de Igualdad que decía: "Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas", portándola hasta el 7 de junio.

La Fiscalía relata que más adelante, el 12 de julio, acudió de nuevo al mismo lugar, en este caso antes de la hora habitual de las concentraciones de protesta, "para evitar que se hubiese ya instalado el dispositivo de seguridad" de la Guardia Civil. Aprovechando esa falta de vigilancia, accedió por el campo a la parte trasera de la propiedad, donde se encuentra una roca de gran tamaño a unos diez metros de la vivienda, y tras subirse a la misma -salvando así visualmente el muro que rodea la vivienda y la vegetación, que alcanzan los tres metros de altura-, pudo observar el porche trasero del chalet y parte del jardín, comenzando a grabar dicha zona con su móvil, "invadiendo la intimidad" de Iglesias, Montero y sus hijos, "hasta que fue sorprendido".

Por último, el 17 de octubre, cumpleaños de Pablo Iglesias, de nuevo se acercó al domicilio y, cuando el vicepresidente segundo salía con sus hijos, "se acercó intentando llegar hasta él, lo que le fue impedido por parte de los agentes que allí se encontraban, pero al no conseguirlo le gritó delante de los niños "felicidades, hijo de puta"".

La Fiscalía señala que, pese a que hasta julio de ese año se llegaron a tramitar 33 denuncias administrativas contra él por saltarse el estado de alarma, puesto que su domicilio estaba en la localidad de Brunete, y por intentar sobrepasar los límites del perímetro de seguridad en torno al domicilio de Iglesias y Montero, otras nueve por infringir la normativa de ruidos y alguna más por no llevar mascarilla, "no cesó de insistir en sus intentos de buscar la cercanía con los allí residentes y comunicarles su aversión, siendo plenamente consciente de los cargos que ostentaban y de la presencia de menores de corta edad".

Finalmente, el 29 de diciembre de 2020 el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba prohibió a Frontera aproximarse a menos de 500 metros al entonces líder de Podemos y a Irene Montero, a su domicilio o lugar de trabajo y a cualesquier otro sitio que frecuentasen.