Juicio del “procés”: La semana en la que se apuntaló la rebelión

Expertos constitucionalistas ven clave a los testigos de la Fiscalía que han relatado los episodios de violencia del 20-S y del 1-O.

El entramado de medias verdades, omisiones y abiertas falsedades construido por los líderes independentistas en los primeros compases del juicio del procés fue echado por tierra la semana pasada por los contundentes testimonios de los testigos de la Fiscalía. Ellos fueron los encargados de certificar la magnitud de la violencia que se desplegó en Cataluña durante aquellas semanas clave de 2017 que cambiaron políticamente a España. Concretamente, tres testimonios –el de la secretaria judicial Montserrat Toro, el ex secretario de Estado de Seguridad José Ignacio Nieto y el delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo– fueron clave para refrescar la memoria a la opinión pública sobre lo que ocurrió entonces; sucesos que distan mucho de encajar en la imagen de «manifestación festiva y pacífica» en la que tuvieron lugar sucesos violentos «meramente anecdóticos», por utilizar las expresiones esgrimidas durante su interrogatorio por Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, que se enfrenta a penas de 17 años de prisión por rebelión.

A pesar de que desde algunas instancias se han escuchado voces opinar que el delito de rebelión quedaba en el aire tras los testimonios de los acusados las dos primeras semanas del juicio, lo cierto es que la Fiscalía sigue día a día construyendo su argumentario en base a una estrategia que no siempre ha sido entendida fuera de la Sala donde está teniendo lugar el proceso. Y es que el Ministerio Público nunca ha tenido la intención de basar la acusación del delito de rebelión probando que los responsables del procés buscaran explícitamente la violencia durante el 20 de septiembre y el primero de octubre. Esa no es exactamente la tesis acusatoria del Ministerio Público, si así fuera todos los acusados lo estarían por el delito de rebelión y, además, también habrían sido acusados Artur Mas y Ana Gabriel, por ejemplo. Sin embargo, aunque no se buscara la violencia expresamente desde un principio, lo cierto es que Junqueras, Forcadell y el resto de acusados por rebelión sí que fueron conscientes de que ésta se produjo el 20 de septiembre durante el registro de la Consejería de Economía. Todos ellos fueron asimismo apercibidos por los responsables de los cuerpos de seguridad en Cataluña de que si se seguía adelante con el referéndum ilegal el primero de octubre se repetirían esos episodios de violencia y, pese a todo, se tomó la decisión de seguir adelante.

En el contexto de esta estrategia fue especialmente demoledor el testimonio de Manel Castellví, antiguo comisario jefe de Información de los Mossos d’Esquadra. Con visibles muestras de nerviosismo, Castellví testificó que existieron informes oficiales que alertaban de la alta probabilidad de que se produjeran altercados durante el referéndum ilegal. Astutamente acorralado por el fiscal Javier Zaragoza, el ex jefe de información de los Mossos confirmó asimismo que puso en conocimiento de Junqueras, Puigdemont y Forn estos informes y, finalmente, aseguro que, pese a sus advertencias, sus jefes decidieron seguir adelante con el 1-O porque existía «un mandato del pueblo» en palabras del ex presidente Puigdemont.

Expertos jurídicos consultados por LA RAZÓN recuerdan asimismo que, en el sistema penal español, los acusados tienen derecho a mentir. «Los testimonios de los líderes independentistas buscan la exculpación, esto es algo que no puede sorprender a nadie y el juez Llanera contaba con ello en su auto», explican. El punto fundamental no es sí se busco la violencia como tal sino si se asumió la posibilidad de que esta se produjera con el objeto de doblegar el Estado para la consecución de unos fines políticos determinados, en este caso la independencia de una parte del territorio. Lógicamente constituye un agravante el hecho de que esto lo realizaron precisamente los dirigentes públicos encargados de garantizar el orden constitucional. «Se utilizó esa violencia para presionar al Estado. Se utilizo a la masa como un instrumento para doblegar al Estado. No se hizo nada por evitar la violencia. Fueron renuentes», aseguran las mismas fuentes.

Otro aspecto que también han destacado los expertos consultados por este diario es que el concepto de «violencia» ha evolucionado en sus matices desde el siglo XIX al siglo XXI. En este sentido, hay que tener en consideración que las sociedades democráticas han avanzado mucho sobre todo en Europa y que «hoy en día la violencia no tiene necesariamente que ser explosiva para ser violencia». «Por ello, la ocupación de una plaza, por ejemplo, en El Cairo en el contexto de la primavera árabe no puede tener la misma consideración jurídica que la misma manifestación en París o en Barcelona», explican. Sea como fuere, los expertos coinciden en que los testimonios de esta semana han apuntalado suficientemente la argumentación a favor de la acusación por el delito de rebelión.