Junts y el PSOE llegan un acuerdo para la delegación de las competencias migratorias a Cataluña

El PSOE y Junts han llegado este lunes a un acuerdo para la delegación de las competencias en materia migratoria a la Generalitat, aunque todavía no han dado detalles del alcance. El pacto estaba muy cerca desde hacía semanas y se ha acelerado tras el ultimátum de Junts con la cuestión de confianza, que finalmente retiró la semana pasada tras la petición del mediador Francisco Galindo. A la espera de los detalles del acuerdo, Moncloa ha filtrado que se trata de una delegación de competencias y todo apunta a que los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil y Policía Nacional compartirán funciones de control de las fronteras.

En concreto, los obstáculos que impedían un acuerdo eran de carácter jurídico ya que algunas de las exigencias de los independentistas tienen un difícil encaje en la Constitución. En concreto, los escollos que ha habido hasta el último momento se centraban sobre todo en la expedición del Número de Identificación de Extranjeros, las entradas de los flujos migratorios (a través del aeropuerto y fronteras marítimas y terrestres) o los procesos de expulsión. Son competencias muy sensibles que hacían muy difícil la delegación en la Generalitat.

Y, en este sentido, el punto intermedio que parece que podía acercar a ambas partes es que la Administración autonómica pueda colaborar en este tipo de labores con la autoridad estatal. Ahora mismo, está por ver en qué queda el acuerdo y si todos esos elementos acaban dentro del pacto, aunque, según fuentes del Gobierno, todos los detalles los explicará Junts, que será quien presente la proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

Desde el Gobierno ofrecen una fórmula híbrida, una suerte de «custodia compartida» de las fronteras entre los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, de manera que el cuerpo catalán pueda acompañar a los estatales en las nuevas labores que quiere asumir, pero sin desplazarlos ni suplirlos. «Cada uno dentro de sus competencias», delimitan. Tal como publicó este diario, Sánchez ha creado una suerte de «comité de crisis», integrado por media docena de ministerios, para tratar de alumbrar una visión colegiada a la búsqueda de «soluciones imaginativas» a las exigencias inconstitucionales que sus socios ponen sobre la mesa, para tratar de hacerlas asimilables a la Carta Magna.

La delegación de las competencias en la Generalitat se tiene que sustanciar a través de una ley, lo que también puede acabar complicando su aprobación en el Congreso porque se van a tener que posicionar todos los socios de la investidura. Entre ellos, todas las formaciones de izquierda, que incluye a Esquerra, Bildu y Podemos, y pueden mostrarse críticas con según qué discursos haga Junts en materia de inmigración.

Cabe recordar que Junts está presionado por el avance de Alianza Catalana en Cataluña, que ya se sitúa cerca de una decena de escaños en el Parlament, a costa de los posconvergentes. Alianza Catalana ha hecho del discurso antiinmigración su principal bandera y eso está obligando a Junts a moverse en esa carpeta. Y, en este punto, ERC puede acabar desmarcándose de esta ley tanto por su contenido porque va a enmendar el discurso antiinmigración como por la rivalidad con los posconvergentes por sacar un mayor botín al Gobierno.

El acuerdo en inmigración, en todo caso, puede consolidar más a Sánchez en Moncloa ya que puede abonar aún más la posibilidad de aprobar los Presupuestos. En este sentido, Junts, para iniciar la negociación de los Presupuestos, ya advirtió que ponía como exigencias el traspaso de competencias en materia migratoria y la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Por tanto, ahora queda por resolver esta segunda cuestión, que todavía sigue bloqueada.

Si Sánchez consigue atar las Cuentas, probablemente conseguirá su objetivo de permanecer en Moncloa hasta 2027. No obstante, por medio, puede irrumpir ahora la carpeta de la financiación autonómica, donde Junts se ha mostrado crítico con el acuerdo de Esquerra con el Gobierno para perdonar parte de la deuda de la Generalitat. Además, los posconvergentes quieren el acuerdo para traspasar las competencias en materia tributaria, para que la Generalitat pueda gestionar y recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña.

En todo caso, Sánchez va a tener que hacer numerosos equilibrios en los próximos meses porque los acuerdos con algunos socios pueden no vincular a todo el bloque de la investidura por las rivalidades entre Junts y Esquerra y PNV y Bildu y por las diferencias ideológicas entre las formaciones de derecha y las de izquierda. La legislatura llega al ecuador y la debilidad parlamentaria del Gobierno, unida a los problemas con la corrupción de Sánchez por su entorno familiar, suponen ahora un momento trascendental para la supervivencia de Sánchez.