Koldo García no dejó ni rastro de su teléfono en marzo de 2019. Un correo interno del Ministerio de Transportes demuestra que el entonces asesor de José Luis Ábalos formateó por completo su terminal móvil a finales de aquel mes, coincidiendo con los presuntos amaños de contratos de obras millonarias de este departamento y, también, con el inicio de los pagos por parte de la trama del alquiler del piso de lujo de Jesica Rodríguez.

El correo, que desvela LA RAZÓN, data del 27 de marzo de aquel año. El mismo lleva por concepto "confirmación de la eliminación remota de datos del dispositivo móvil" y se refiere al borrado de datos de un dispositivo marca Samsung. La comunicación confirmó que se había completado la eliminación remota de los datos del dispositivo que hizo ese día. Además, le advierte también de que, "por cuestiones de seguridad", el dispositivo "seguirá borrando datos si intenta volver a sincronizarlo".

El formateo se produjo en 2019, esto es, un año antes de que se firmaran los famosos contratos de suministro de mascarillas por los que empezó esta investigación. En ese sentido, tanto el magistrado del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, como la Fiscalía Anticorrupción, ha advertido de que las diligencias no se van a centrar en este capítulo concreto, sino que van a abarcar todo el período en que Ábalos fue ministro de Transportes, esto es, entre 2018 y julio de 2021.

Las obras de Transportes

El motivo reside en que en este tiempo de investigación han aparecido nuevos hechos presuntamente delictivos que les llevan a ampliar el foco a los meses previos a la pandemia. El propio Víctor de Aldama, que se ha comprometido a tirar de la manta, declaró en sede judicial que su relación con Koldo García y con Ábalos comenzó mucho antes de que Transportes adjudicara dos contratos de emergencia en plena crisis sanitaria a la empresa clave de la trama. En 2018, de hecho, ya realizó viajes con el 'ex número tres' del PSOE a México, donde fue presentado como cónsul honorario de España en Oaxaca.

En ese sentido, 2019 fue un año importante por dos motivos: porque se produjeron los presuntos amaños de adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes y porque la red comenzó a abonar las mensualidades del piso que se alquiló en Plaza de España para Jesica Rodríguez, entonces pareja del político valenciano. Aldama confesó al respecto en sede judicial que se repartieron numerosas dádivas entre ellos, no solo por el pelotazo de mascarillas, sino también por "otros contratos vinculados a la adjudicación de obra pública".

Además, identificó en un documento entregado en sede judicial, adjudicaciones del Ministerio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2021. En concreto, señaló a Levantina, Ingeniería y Construcción SL, Ortiz Construcciones y Proyectos S.A y el Grupo Azvi. Según el empresario confeso, esta constructora, a cargo de su presidente Manuel Contreras, realizó un pago de 18.000 euros dos años antes de la adjudicación, esto es, en 2019, a una mercantil detrás de la cual se encontraba Aldama. Los abonos, dijo, se efectuaron como recompensa por su mediación en la adjudicación de la obra. Los empresarios identificados por Aldama negaron la mayor en sus declaraciones en sede judicial.

El piso de Jesica

Los montos se distribuirían, según dijo, entre Ábalos y Koldo García, a quien le requisaron anotaciones que guardaba en su domicilio, según las cuáles habría percibido 10.000 euros mensuales de Aldama. Además, expuso que en abril de 2019 se concertó un contrato de alquiler con opción a compra de un piso de lujo en el Paseo de la Castellana, entre el propio Aldama y Ábalos. Según dijo, el contrato permitía al exdirigente socialista "asegurarse el cobro de las comisiones futuras". Llama la atención que la firma de este acuerdo se produjo apenas semanas después de que Koldo borrara el contenido de todo su teléfono.

Además, en marzo de aquel año la trama también comenzó a costear el alquiler de una vivienda de lujo en Plaza España. En este caso fue Alberto Escolano -persona de la máxima confianza de Aldama- el que asumió las mensualidades de la vivienda de la que fuera pareja de Ábalos. Puente lo entendió como un "beneficio económico" hacia el exministro destacando, además, que estos abonos comenzaron en marzo de 2019, justo el mismo mes que Koldo García procedió a formatear su teléfono.

"Parece llegado ya el momento de que el Sr. Ábalos Meco y su defensa comprendan, por mucho que pudiera no ser de su agrado, que el objeto de esta causa especial no se limita a su intervención en la contratación de las mascarillas. Se entenderá, tal vez más fácilmente, si se repara, por ejemplo, en que uno de los beneficios económicos que aquí se le atribuyen se refiere al pago por parte del Sr. de Aldama, a través de un tercero, de la cuantiosa renta del piso en el que residía quien era entonces la pareja sentimental del Ministro. Y esos pagos dieron comienzo en el mes de marzo del año 2019 y se prolongaron hasta septiembre de 2021", indicó Puente en un reciente pronunciamiento.

Móviles encriptados

Las escuchas telefónicas de la Guardia Civil a los cabecillas del caso Koldo permitieron constatar la honda preocupación de todos ellos -principalmente de Aldama- por proteger sus conversaciones. En ese sentido la UCO apuntó que la trama abonó, presuntamente, 2.000 euros mensuales en 'b' al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, para, entre otras cosas, "proveer seguridad a la organización". En concreto, les habría suministrado teléfonos securizados y realizado barridos en los despachos. De los audios interceptados a este mando del Instituto Armando se desprende que en ocasiones les engañó. "Le hicimos el paripé. No hicimos ni barrido ni nada. Él se quedó a gusto", dijo, en referencia a Aldama.

La Guardia Civil interceptó una fotografía relativa a un almuerzo mantenido entre Aldama y Koldo García en la que se aprecia un móvil prepago. Además, en sus conversaciones, siendo plenamente conscientes de que la Guardia Civil iba tras su rastro, comenzaron a emplear palabras clave. Así, para referirse a sus dispositivos aludían al término "café". "Intenté ayer tomar café pero no me funcionó la tarjeta, no tiene saldo, así que llamaré al banco para que recarguen", comentaron en una ocasión.

En otra de las conversaciones incautadas, Villalba también aludió a este término. "Prepárame la cafetera en su caja que me la llevaré a repararla. Ya he hablado con el servicio técnico", dijo, confirmando de esta forma las sospechas de la UCO. Por todo ello, la Guardia Civil concluyó que en sus conversaciones de mensajería instantánea podrían aludir con el seudónimo de "café" a una línea segura de comunicación.

Koldo, por su parte, también cambió de contraseñas durante el tiempo que fue objeto de investigación. En este caso se trató más bien de un protocolo interno dentro del Ministerio, a juzgar por los correos que recibió sobre este asunto en su cuenta corporativa. Destaca, por ejemplo, a mediados de 2021 (apenas días antes de que se formalizara el cese de Ábalos) en el que "por motivos de seguridad" se le recomendó cambiar de contraseña en sus dispositivos laborales. El mensaje se envió desde la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Transportes.

La Audiencia protege el material clave del caso

Mientras la investigación sigue adelante con el foco puesto en los informes de la UCO, los principales investigados libran una batalla en la Audiencia Nacional para recuperar todo el material que les requisaron tras el estallido de la trama en febrero del año pasado. El propio Koldo ha llevado el asunto ante la Sala de lo Penal al denegarle el magistrado Moreno acceder a todos sus dispositivos. Los agentes le requisaron más de una veintena de teléfonos, además de ordenadores, grabadoras y dispositivos de almacenamiento. Con todo, el foco se pone en dos discos duros que se llevaron de casa de Koldo y que contienen información privada y personal de Ábalos. El propio exministro trató de recuperarlos hace ahora un año advirtiendo que era material suyo personal que debe quedar fuera del proceso. Sin embargo, tanto el juez como Anticorrupción les han cerrado el paso avisando que se perturbaría el proceso de devolvérselos.