La Audiencia deja en libertad definitiva a otros seis etarras y un miembro de los GAL

La Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación y extinción definitiva de responsabilidades de otros seis etarras y un miembro de los GAL a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuestionada por el Tribunal de Estrasburgo, para alargar su estancia en prisión, informaron hoy fuentes jurídicas.

En primero en salir de prisión ha sido el etarra José Gabriel Zabala Erasun, condenado en la prisión asturiana de Villabona como cooperador necesario en tres atentados que se produjeron entre 1992 y 1993 en Madrid --en las calles de López de Hoyos y Joaquín Costa y la plaza de la Cruz Verde, en los que murieron en total 17 militares y dos civiles, y el coche que explosionó en 1992 en Santander y causó la muerte de tres personas.

Los etarras Iñaki Zugadi, integrante del comando Eibar en los 80, y su mujer Josune Onaindia también han abandonado esta tarde la prisión de Campos del Río de Murcia. En concreto, han abandonado la prisión minutos antes de las 18.00 horas en dos furgonetas con los cristales tintados. Uno de los copilotos ha fotografiado a los periodistas que esperaban en las inmediaciones de la cárcel, y el asiento trasero de uno de los vehículos estaba cubierto por una bandera.

En la carretera de acceso a la cárcel aguardaban miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que han increpado a los etarras que iban en las furgonetas.

El matrimonio es responsable del atentado de coche bomba perpetrado en septiembre de 1987 a una pareja de guardias civiles que patrullaban de paisano en Guernica. Fuieron condenados en 1994 a 68 años de cárcel. Al aplicársele la doctrina Parot, la puesta en libertad del etarra se retrasaba al 2022, ya que de lo contrario, habría salido de prisión en abril de 2012. Mientras que la de su pareja, Josune Onaindia, tenía fijada su puesta en libertad el 9 de junio de 2012 y al aplicarle la doctrina Parot, su salida de prisión se produciría en 2022.

El etarra José Ramón Martínez de la Fuente Intxaurregi ha salido esta tarde del centro penitenciario de Logroño. Martínez de La Fuente, quien ha sido recibido por un reducido grupo de personas de su entorno a la salida de la prisión, sin que se hayan registrado incidentes, cumplía condena por el asesinato de dos policías y de un guardia civil.

Estaba en prisión desde 1987, condenado a una pena de 241 años, 9 meses y 4 días y, por la aplicación de la Doctrina Parot, debía permanecer encarcelado hasta el año 2020

El etarra Kepa Mirena Solana saldrá de prisión; así como el miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Ismael Miquel Gutiérrez, que asesinó a un ciudadano francés en 1985.

Además, el tribunal ha acordado la extinción de las responsabilidades penales para Fernando Vicente Luis de Astarloa, perteneciente a la denominada 'vía Nanclares' de reinserción y que se encontraba en libertad condicional.

La Audiencia Nacional ha adoptado su resolución en aplicación del acuerdo adoptado el pasado día 12 por el Tribunal Supremo en el que ordenaba que los tribunales sentenciadores en cada caso ejecutaran la resolución del Tribunal de Estrasburgo en la que derogaba la 'doctrina Parot' y amparaba a la etarra Inés del Río.

65 presos beneficiados

De esta forma, se eleva a 65 el número de presos condenados por asesinato que han sido beneficiados por la Audiencia Nacional desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo condenara a España a indemnizar a la etarra Inés del Río por aplicarle de forma retroactiva la 'doctrina Parot'.

De ellos, 58 son miembros de la organización terrorista ETA y cinco de los GRAPO, a los que hay que sumar el almeriense Pompeyo Miranda, que fue condenado en Bolivia por varios asesinatos, y el miembro del GAL Ismael Miquel Gutiérrez.

En relación con la organización terrorista ETA, el tribunal ha excarcelado a un total de 54 presos, incluida Del Río, ha extinguido la responsabilidad penal de otros tres reclusos que estaban en libertad condicional (José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, Bautista Barandalla y Fernando Vicente Luis de Astarloa) y ha adelantado para el 25 de diciembre la salida de prisión de Andoni Múñoz de Vívar Berrio.

Tras la sentencia que el 21 de octubre dictó el Tribunal de Estrasburgo, que obligó a la excarcelación de Del Río al día siguiente, la Audiencia Nacional acordó el día 25 de ese mes la salida de prisión de Juan Manuel Piriz López.

El 8 de noviembre el tribunal excarceló a otros nueve etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona. El resto fueron Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.

El 14 de noviembre pasado el Pleno de la Sala de lo Penal ordenó la salida de otros 13 etarras, la miembro del GRAPO Olga Oliveira y el almeriense Pompeyo Miranda. Entre los etarras se encontraban José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes'; Gonzalo Rodríguez Cordero, autor de 19 asesinatos; y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas. El resto de excarcelados fueron Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández (preso de la denominada 'vía Nanclares') y Raúl Ibáñez Díez.

Además, el 19 de noviembre, la Audiencia acordó la excarcelación de otros cuatro presos. Se trata de los etarras de la denominada 'vía Nanclares' Luis María Lizarralde Aguirre e Ignacio Recarte Ibarra, así como del miembro del 'comando Araba' Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias 'Paterra', condenado por 14 asesinatos, y el miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Jaime Simón Quintela.

Al día siguiente fueron excarcelados Juan José Zubieta Zubeldia, condenado por el atentado contra la casa-cuartel de Vic (Barcelona) en 1991, en el que murieron diez personas, entre ellas cinco niños; y Jesús María Zabarte, conocido como el 'carnicero de Mondragón', al que se atribuyen un total de 17 asesinatos.

La Sala de lo Penal también acordó el 20 de noviembre la salida de prisión de los etarras José Ignacio Etxebarria Pascual, Javier Goldaraz Aldaya, Manuel González Rodríguez, Juan José Legorburu Gerediaga, Miren Maitane Sagastume, Joaquín Urain Larrañaga y Ramón Uribe Navarro, así como de los miembros del Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Guillermo Vázquez Bautista, María Jesús Romero y Encarnación León Lara.

El 26 de noviembre la Audiencia Nacional acordó la excarcelación del etarra Francisco Javier Martínez Izaguirre, condenado por asesinar a un niño de dos años en noviembre de 1991 en Erandio (Vizcaya); y los miembros del 'comando Araba' de ETA Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga. Los dos asesinaron a dos policías en 1987 y atentaron dos años más tarde contra la casa-cuartel de Llodio (Alava).

También ordenó la salida de prisión de Jesús María Mendinueta Flores, integrante del 'comando Vizcaya' que fue condenado por asesinar a un guardia civil en presencia de su hijo de nueve años, y de Ignacio Orotegui Ochandorena, Santos Berganza Zendenegui, José Angel Biguri Camino, Iñigo Akaiturri Irazabal, Ignacio Erro Zazu, Nicolás Francisco Rodríguez, Juan Andrés Urkizu Ormazabal, Imaculada Pacho Martín y Juan Ignacio Delgado Goñi.

Además, acordó la extinción de responsabilidades penales para Bautista Barandalla, que se encontraba en libertad condicional por enfermedad, y adelantó la salida de la cárcel de Andoni Múñoz de Vívar Berrio.

La mayoría del Pleno, formada por nueve magistrados, argumenta que no se podía "demorar una privación de libertad irregular"con el pretexto de esperar la decisión que debía adoptar el Tribunal Supremo cuatro días después. Los ocho jueces de la minoría creen que la sentencia de Estrasburgo es de obligado cumplimiento aunque su ejecución no debería corresponder a la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado 12 de noviembre, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.