La Audiencia Nacional envía a Alaya la denuncia contra Méndez

La Audiencia Nacional no investigará, al menos por ahora, las denuncias sobre supuestas irregularidades en UGT. La Fiscalía Anticorrupción envió ayer al juez Santiago Pedraz un escueto informe, de poco más de un folio –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, en el que concluye que este tribunal no es competente para investigar los hechos denunciados por Manos Limpias. En el escrito, la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, afirma que «junto al escrito de denuncia únicamente se aportan recortes de prensa publicados a lo largo de este año», que «fundamentalmente» aluden a hechos «sólo referidos a UGT de Andalucía». Dado que sobre los mismos, añade, «se siguen diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción número 6 de los de Sevilla», del que es titular la juez Mercedes Alaya, debería ser ésta (que también instruye el «caso de los ERE») quien se haga cargo de las diligencias.

Sin pronunciarse sobre la posible relevancia penal de los hechos, la Fiscalía entiende que la denuncia sobre el supuesto fraude en los cursos de formación (que Manos Limpias amplió posteriormente a presuntos pagos en dinero negro en UGT de Cataluña) no ha aportado «indicios suficientes» que justifiquen la competencia de la Audiencia Nacional «para su instrucción y enjuiciamiento». El artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial enumera, entre las competencias de este tribunal, las defraudaciones que supongan un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas «en el territorio de más de una audiencia». En este caso, Anticorrupción mantiene que en la querella no se ha acreditado que los hechos denunciados se hayan producido en otras comunidades al margen de Andalucía, por lo que insta a Pedraz a «acordar la inhibición de las presentes diligencias previas» en favor del juzgado de Alaya, para que se incorporen a las diligencias previas 6344/13 abiertas por la magistrada. Según las fuentes consultadas, Alaya ya cuenta en esas diligencias con varios informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en los cursos de formación.

Manos Limpias solicitaba la imputación del secretario general de UGT, Cándido Méndez, de su tesorero, Antonio Retamino, y de los responsables del Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) y de dos empresas filiales por falsedad documental, estafa, malversación, apropiación indebida y delito fiscal. La implantación del IFES en once comunidades autónomas justificaba, según el colectivo denunciante, que fuese la Audiencia Nacional la que se hiciese cargo de la investigación, a lo que se opone ahora la Fiscalía. Manos Limpias amplió posteriormente su querella con una denuncia de un ex alto cargo del sindicato que desvelaba supuestos pagos en negro en UGT de Cataluña, unos hechos que habrían justificado la competencia de la Audiencia y sobre los que ni siquiera se pronuncia Anticorrupción.