La Audiencia tacha de «detestables» las «actitudes corruptas» de la red de Granados

Niega la libertad a su socio y sitúa en paraísos fiscales el botín de los amaños

Francisco Granados y David Marjaliza, en una imagen de archivo
Francisco Granados y David Marjaliza, en una imagen de archivo

El socio en la «trama Púnica» del ex consejero de Madrid Francisco Granados, el constructor David Marjaliza, seguirá en prisión. La Audiencia Nacional ha ratificado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la decisión del juez Eloy Velasco –que investiga esta supuesta red de corrupción inmobiliaria– de mantener en la cárcel al empresario por el «elevado» peligro de que se fugue o trate de ocultar pruebas. La sección cuarta, presidida por la magistrada Ángela Murillo, recuerda que todavía no se han podido identificar todas las empresas vinculadas al imputado, «entre las que figuran más de 150». Y hace hincapié en su connivencia con un grupo de empresarios de la construcción «con importante capacidad de influencia sobre determinados políticos locales de Valdemoro y alrededores», lo que generó «un volumen millonario de beneficios».

La libertad de Marjaliza, sostiene el tribunal, entorpecería diversas líneas de investigación sobre el caso, pues podría ocultar pruebas una vez recuperada la libertad. La Audiencia tampoco da por acreditada su alegada colaboración con la Justicia ni presta oídos a un supuesto trato discriminatorio respecto a otros imputados.

Marjaliza, subraya la Sala de lo Penal, está imputado por ocho delitos –blanqueo, cohecho, prevaricación, fraude fiscal y pertenencia a organización criminal, entre otros–, por lo que «concurren sobradamente» los requisitos para mantenerlo en prisión a la espera del avance de la investigación.

La Audiencia Nacional también ha rechazado la libertad solicitada por su secretaria, Ana María Ramírez –a la que se imputan idénticos delitos–, por su «importante rol en trama delictiva desbaratada». Esa red, explica la misma sección cuarta de la Sala de lo Penal, se dedicaba presuntamente a «mover voluntades en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid» con el objetivo de obtener «cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada y en la espuria recalificación de terrenos». Ese dinero, añade, se trasladaba «a paraísos fiscales buscando su opacidad», con el consiguiente perjuicio al erario público, fomentando «detestables actitudes corruptas en el ámbito empresarial público y privado».

El tribunal –integrado además por los magistrados Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel– destaca su «gran protagonismo» en el «diseño y pervivencia de la estructura delictiva desarticulada» y el peligro de que destruya pruebas pues era, recalca, la «depositaria» de la documentación «sensible» que se encontró escondida en su domicilio.

El tribunal anticipa incluso que el curso de la investigación (el instructor, recuerda, sigue analizando la documentación incautada) puede acrecentar las posibles responsabilidades de la imputada, lo que agravaría el riesgo de que se fugue o de que intente destruir pruebas. O incluso, añade, que pretenda «influir en otros imputados o testigos», lo que constituye, recuerda, «uno de los criterios básicos» recogidos por la ley para valorar el peligro de destrucción de pruebas.