La Casa Real manifiesta su máximo respeto a la decisión judicial

La Casa del Rey ha reafirmado hoy su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial" tras conocer la decisión de la Audiencia de Palma de condenar a seis años y tres meses de cárcel a Iñaki Urdangarin y de imponer una multa de 265.000 euros a la infanta Cristina por el caso Nóos.

A través de un portavoz, el Palacio de la Zarzuela ha hecho este pronunciamiento tras hacerse pública la sentencia del tribunal que ha juzgado el caso en el que se vieron implicados la infanta y su marido.

La noticia de la condena a Urdangarin y la absolución de la infanta se ha conocido mientras Felipe VI y la reina Letizia inauguraban en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid una exposición junto al presidente de Hungría, János Áder. Zarzuela no ha querido hacer ningún otro comentario en relación con este asunto, ni sobre si la hija menor de don Juan Carlos debería o no renunciar a sus derechos dinásticos -ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión-.

La renuncia a permanecer en la línea de sucesión al trono es una decisión personal de doña Cristina, por lo que no está en manos de Felipe VI.

Tanto la infanta como su marido fueron apartados por la Casa del Rey de toda actividad institucional a finales de 2011. Posteriormente, dejaron de ser miembros de la Familia Real tras la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI, el 19 de junio, cuando la infanta pasó de ser hija a hermana del jefe del Estado.

Desde que comenzó el reinado de don Felipe, la Casa del Rey ha reaccionado siempre con una expresión de respeto a la independencia de los tribunales ante cada uno de los pasos del proceso judicial de Nóos que han afectado a la infanta Cristina. En esos mismos términos se pronunció cuando compareció el 8 de febrero de 2014 ante el juez José Castro como imputada por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales, cuando la Audiencia de Palma decidió mantener su imputación solo por delito fiscal, cuando el fiscal Pedro Horrach pidió su exculpación y cuando, hace algo más de un año, el tribunal decidió que continuaría como acusada. La única vez que la Casa del Rey opinó sobre una decisión judicial relacionada con la infanta fue bajo el reinado de don Juan Carlos, en abril de 2013, para manifestar su "sorpresa"por "el cambio de posición"del juez Castro al haber decidido imputar a doña Cristina, así como para mostrar su "absoluta conformidad"con la decisión de la Fiscalía de recurrir aquella medida.

El 11 de junio de 2015, poco antes de que se cumpliera un año de su proclamación como Rey, Felipe VI revocó a su hermana el título de Duquesa de Palma que le había concedido su padre, don Juan Carlos, en octubre de 1997, con motivo de su inminente matrimonio con Iñaki Urdangarin. El abogado de la infanta, Miquel Roca, aseguró que fue ella quien había manifestado con anterioridad su voluntad de renunciar al ducado de Palma en una carta escrita de su puño y letra, fechada el 1 de junio en Ginebra, si bien la Casa del Rey negó que fuera así y subrayó que la retirada del ducado había sido una decisión de Felipe que él comunicó a su hermana antes de recibir la carta. Doña Cristina, que trabaja en Ginebra para la Fundación "la Caixa", no estuvo presente ni en la ceremonia de proclamación de su hermano en el Congreso, ni en la de abdicación de su padre celebrada la víspera en el Palacio Real, a diferencia de su hermana mayor, la infanta Elena, que asistió a ambas.

En su ya histórico discurso de proclamación, pronunciado ante una solemne sesión conjunta del Congreso y el Senado, el nuevo jefe del Estado subrayó que la Corona debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".

"Hoy más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública", señaló Felipe VI el día de su proclamación, antes de continuar: "Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos". EFE