La Eurocámara pide revisar el proceso al presunto testaferro de Obiang en España

El Parlamento Europeo tomará cartas en el caso de Vladimir Kokorev, el empresario hispano-ruso que suma 25 meses de prisión preventiva en las Islas Canarias por ejercer presuntamente de testaferro de Teodoro Obiang, que está investigado por blanquear 20 millones de euros en favor del presidente de Guinea Ecuatorial, y que hoy atraviesa una grave situación humanitaria.

Tras un foro acogido el pasado jueves en Bruselas bajo el título “Justicia, Derechos Humanos y el debido procedimiento en la Unión Europea”, presidido por el europarlamentario Fulvio Martusciello, se anunció que un grupo de europarlamentarios dirigirá una carta-denuncia al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo. El objetivo es que se revisen las actuaciones que desde el juzgado de Instrucción de Las Palmas conduce la magistrada Ana Isabel de Vega apoyada desde Anticorrupción en Canarias por el fiscal Luis del Río, y manifestaciones y decisiones que se han podido producir desde la Audiencia Provincial de Las Palmas "contaminadas".

El proceso que ahora inicia la Eurocámara cuestiona una dilatada investigación de este caso de presunta corrupción político-empresarial, que se arrastra desde hace una década sin la presencia aún de auto de procesamiento y sobre el que la propia AP de Las Palmas admitió que la investigación aún “no tiene un horizonte que nos marque su fin”.

Los abogados de la familia Kokorev anunciaron asimismo que el caso llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras pasar por la Comisión de Peticiones, entre otras razones por la aplicación de medidas que no sólo han supuesto “una privación cautelar de la libertad de forma desproporcionada o irrazonable”, sino que además originaron que ésta tenga “un carácter punitivo en cuanto al exceso y constituyendo una suerte de pena anticipada”.

Vladimir Kokorev, ya jubilado del sector naviero en el que desempeñaba su actividad comercial con el régimen de Malabo, recibió un último diagnóstico médico que abunda en la gravedad de su estado de salud. Padece “dolor torácico opresivo, controles de tensión arterial elevados, utiliza nitroglicerina sublingual, sufre mareos con sensación de inestabilidad y visión borrosa de forma frecuente, debilidad con parestesias en hemicuerpo izquierdo y presenta gran componente de ansiedad”, con un cuadro de cardiopatía isquémica y diabetes, destacan.

En el borrador de la misiva que el Parlamento Europeo dirigirá al CGPJ, a José Manuel Maza en calidad de Fiscal General del Estado, y a Francisco Fernández Marugán en su condición de Defensor del Pueblo se describe la instrucción del ‘caso Kokorev’ como “un ejercicio sin precedentes de abuso del poder judicial, desprecio franco de los derechos más fundamentales y un ejemplo de tratamiento injusto a personas que son discriminadas por razón de su origen, aún siendo ciudadanos europeos de pleno derecho”.