La Fiscalía del TS no ve indicios para investigar a Fernández Díaz por sus conversaciones

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que no hay indicios suficientes para iniciar una investigación penal contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por sus conversaciones con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

La Fiscalía del Tribunal Supremo no investigará ni interpondrá ninguna acción penal contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por las grabaciones de las conversaciones que mantuvo en su despacho ministerial con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso. El Ministerio Público ha concluido que no hay base alguna que justifique iniciar una investigación contra Fernández Díaz.

Una vez conocidas esas conversaciones, Esquerra Republicana de Catalunya y Catalunya Sí que es Pot interpusieron sendas denuncias en la Fiscalía de Barcelona, la cual, al afectar las mismas a un aforado, las remitió a la del Tribunal Supremo. Esos partidos consideraban que se podían haber cometido los delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación de caudales públicos, entre otros.

Una vez analizado el contenido de las mismas, la conclusión del Ministerio Público es tajante en lo que afecta al ministro del Interior en funciones, único respecto al que se puede pronunciar toda vez que era los demás denunciados no eran aforados: «Del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, por prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales» a los que se aludían en las denuncias.

De esta forma, se rechaza lo sostenido por ERC en su denuncia, donde aludía a que esas conversaciones demostraban la «intención de los interlocutores de promover investigaciones prospectivas sobre determinadas personas por el simple hecho de su adscripción política pública o su relación familiar con políticos y, por lo tanto, sin vinculación con la existencia de indicios de ilegalidad previos».

En lo que afecta a Daniel de Alfonso –que fue apartado por el Parlament de Cataluña del cargo de director de la Oficina Antifraude de Cataluña por un «grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones»–, la Fiscalía del Alto Tribunal no se pronuncia sobre si procede o no iniciar una investigación, por lo que ha remitido las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid, que será quien valore «de la posible existencia» de un delito de revelación de secretos.

De la misma forma, será la Fiscalía de Barcelona la que tenga que dilucidar si de esos hechos se desprenden indicios de la comisión de un delito malversación de caudales públicos, algo que, según señalaron fuentes jurídicas, es difícil que pueda prosperar. Cada una de ellas es competente para un asunto en función del lugar donde pudo cometerse el delito.

El comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, que hoy deja el servicio activo por jubilación, presentará al ministro del Interior el resultado de las investigaciones que el propio Fernández Díaz le encargó para que la Policía Judicial investigase quién había podido realizar la grabación.

Sánchez Aparicio, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, se reunirá previamente con los integrantes del equipo que fue encargado de las investigaciones y, entre otros documentos, serán analizadas las respuestas que distintas unidades policiales han dado a las cuestiones que se les han formulado. Aunque los datos que se hayan podido obtener se mantienen, lógicamente, en secreto, los expertos se inclinan por la hipótesis de que se trató de un hecho puntual.