El PP denuncia que el concurso público presenta «claras anomalías» respecto al trámite normal.

Cuatro altos cargos de la Generalitat tienen hoy en sus manos la decisión de qué empresa se encargará de fabricar las 8.000 urnas del referéndum. Dos candidatas (Plastic Exprés y UTE Espai World y Futbida) han sido homologadas por el departamento de Gobernación y una de ellas se hará con el concurso. Los cuatro altos cargos de la Generalitat tienen previsto comunicar la adjudicación hoy a mediodía. Así, Junts pel Sí demostrará su determinación con los preparativos del referéndum unilateral de independencia y, a la vez, continuará enconando el conflicto con las instituciones del Estado, puesto que, con toda seguridad, la adjudicación de la fabricación de las urnas provocará nuevas querellas.

La Generalitat ha optado por dejar al margen de este concurso a los funcionarios, cada vez más preocupados con las consecuencias jurídicas que pueden sufrir por tirar adelante un proceso al margen de la Constitución, y asignar la decisión al secretario general de Gobernación, Francesc Esteve; la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Massó; el de Vivienda, Carles Sala, y el de Administraciones Locales, Joaquim Ferrer. El Govern, a su vez, no se puede arriesgar a que los trabajadores públicos aireen sus discrepancias y en los últimas horas está extremando su compromiso con la seguridad jurídica de sus empleados. «En el proceso soberanista la responsabilidad la asumimos los políticos y hay que dejar al margen a los funcionarios», afirmó la portavoz del Govern, Neus Munté.

A la vista de cómo ha decidido resolver la Generalitat el concurso de las urnas, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, concluyó que el procedimiento presenta «claras anomalías en el proceso de contratación». «Esta mesa está formada por un grupo de personas que lo único que buscan es rédito político que no van a conseguir. Se han buscado responsables políticos para hacer lo que no están dispuestos a hacer los funcionarios», afirmó Levy, que vio en esta adjudicación una muestra más de la progresiva soledad del presidente de la Generalitat«Los funcionarios de la Generalitat han abandonado a Puigdemont en la compra de urnas para una consulta ilegal», sentenció Andrea Levy.