La Junta acusa al Gobierno de abrir una causa general contra Andalucía

El consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha acusado hoy al Gobierno central de abrir una "causa general contra toda Andalucía"por la gestión de los fondos de formación para el empleo.

El consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha acusado hoy al Gobierno central de abrir una "causa general contra toda Andalucía"por la gestión de los fondos de formación para el empleo.

En una rueda de prensa convocada tras conocer la investigación policial abierta sobre un posible fraude en los fondos de formación, el consejero ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que "dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas"implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que "pida disculpas y retire la acusación".

Ha denunciado que el ministro "ha desaparecido"porque ha intentando contactar con él y "no se pone al teléfono", y ha dicho que "no es normal que se haga una filtración de información de este tipo en Semana Santa", por lo que tiene "serias dudas de por qué se hace".

Ha arremetido contra el Ministerio del Interior por "poner en duda la legalidad de las cantidades que representan el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en los últimos siete años", en alusión a unos 2.000 millones que apuntan fuentes de la investigación como la cantidad presuntamente estafada.

Esta acusación equivaldría a decir que toda la harina que se produce en Andalucía está en mal estado porque una hay una panadería que está siendo investigada, se ha quejado el consejero, quien ha incidido en que el Gobierno de Mariano Rajoy "se alía con el PP andaluz en la causa general"de la formación profesional y le "da igual el coste de sus acusaciones para cientos de entidades honradas y eficientes".

Según el consejero, que asumió las competencias de la formación para el empleo cuando se configuró el nuevo gobierno de Susana Díaz en septiembre de 2013, se está acusando a todo el tejido asociativo de Andalucía, como la Confederación de Empresarios, asociaciones de autónomos, Cruz Roja, ONCE, Universidad de Sevilla, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, la Federación de Municipios y a miles pymes de "haber sido cómplices de corrupción durante todos estos años".

Ha exigido al ministro del Interior que especifique "de dónde y con qué datos cuenta para decir que existe un fraude masivo en la formación profesional en Andalucía".

Alonso ha circunscrito el caso a una investigación abierta por la Fiscalía de Málaga, que solicitó en enero pasado a la Delegación de Educación de Málaga documentación sobre diecisiete expedientes de la convocatoria de 2010 de un programa de compromiso de contratación subvencionado con 1,5 millones, de los que se ha cerrado un expediente con un reintegro parcial y el resto está en proceso de justificación, y la Junta la entregó la información en febrero.

En los últimos siete años la Junta ha iniciado 56 expedientes de reintegro por fondos de formación para el empleo y ha realizado 480 requerimientos de información, según los datos facilitados por el consejero, que no ha desvelado el montante de esos expedientes.

El consejero ha exigido el "mismo respeto para Andalucía que el que se ha producido en otras comunidades"y ha apostillado que "este escándalo estalló en Madrid", por lo que "no es tolerable esa falta de respeto en un Estado de derecho".

Ha defendido la gestión del Gobierno andaluz de los fondos de formación para el empleo mediante un plan de choque por el que está "mirando una a una"las ayudas concedidas, y ha destacado la colaboración con la justicia en este asunto.

Además, ha resaltado que el Gobierno de Susana Díaz ha implantado un nuevo modelo para la gestión y ordenación de las convocatorias públicas de formación profesional, siguiendo la ley de subvenciones y las recomendaciones de la Intervención General de la Junta y de la Cámara de Cuentas.

Una de las principales iniciativas puestas en marcha ha sido no usar el instrumento de la exoneración, es decir, que las entidades, empresas e instituciones que no hayan realizado la justificación de los fondos recibidos no podrán concurrir a nuevas convocatorias ni percibir las ayudas hasta la fiscalización de todos los expedientes previos.