La Junta reclama 19 millones por ayudas no justificadas

La Junta de Andalucía reclama a día de hoy un total de 19,3 millones de euros por ayudas concedidas para cursos de formación cuya utilización no ha sido debidamente justificada, tras haber analizado el 60,5 por ciento de los expedientes.

La Junta de Andalucía reclama a día de hoy un total de 19,3 millones de euros por ayudas concedidas para cursos de formación para el empleo cuya utilización no ha sido debidamente justificada, tras haber analizado el 60,5 por ciento de los expedientes.

Estos datos han sido ofrecidos hoy por el consejero de Educación, Luciano Alonso, durante su comparecencia ante el Parlamento para informar, a petición del PP e IU, sobre las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de los fondos públicos relativos a cursos de formación concedidos por la Junta.

La Junta presupuestó 2.456 millones de euros entre los años 2007 y 2013 para la formación para el empleo, de los que a día de hoy habrá de devolverse a las arcas públicas 19,3 millones de euros.

Hasta el momento se ha analizado 5.153 de los 8.505 expedientes que estaban pendientes de justificar, según ha detallado el consejero, que ha recalcado que “el ritmo es constante”.

De estos 5.153 expedientes, 3.051 están en requerimiento de documentación, estudio o inicio de reintegro; 1.462 se han justificado correctamente, mientras que para 640 se han propuesto resoluciones definitivas de devolución de las ayudas.

Desde su anterior comparecencia parlamentaria hace un mes, se han revisado 788 nuevos expedientes, de los que 547 están en requerimiento de información o en fase de inicio de reintegro; 182 se han justificado correctamente y se han remitido a la Intervención General para su fiscalización y abono, y para 59 hay propuesta de resolución de reintegro por importe de 1.923.812,75 euros.

Once procedimientos

Alonso ha reiterado la colaboración “permanente” de la Junta con la Justicia y ha detallado que las personaciones de la Junta como parte afectada se elevan a once procedimientos en curso al sumarse cinco casos más en juzgados de Almería, Málaga, Sevilla y Córdoba.

Sobre la anunciada publicación del listado de beneficiarios de subvenciones que deberán ser devueltas, el consejero ha esgrimido un informe del gabinete jurídico de la Junta que argumenta que podría conllevar una vulneración de la Ley de Protección de Datos, a lo que ha añadido que las resoluciones definitivas de reintegro no son firmes aún, ya que el beneficiario puede presentar recurso.

Por otra parte, ha resaltado de que los expedientes de tramitación de los consorcios escuelas ya se han estudiado en su totalidad y han sido remitidos a la Intervención General.

Ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes la autorización para instar al procedimiento de disolución o, en su caso, separación de la administración autonómica de los consorcios de Formación para el Empleo a la Consejería de Educación, paso previo “imprescindible” para la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de gestión directa de dicha formación.

Con el nuevo modelo, los consorcios escuelas dejarán de depender de una subvención anual y se asegurará desde lo público la formación “de una manera más eficiente y con menos coste” promoviendo acuerdos con el sector privado que garanticen una posterior empleabilidad.

La portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero, ha acusado al consejero y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de haber mentido al “prometer” la publicación de los expedientes de reintegro con los nombres de beneficiarios.

“Esto es una estafa, hoy se desdicen, miente el consejero, miente la presidenta de la Junta y todo el Gobierno andaluz, el PSOE e IU (socios del Ejecutivo de coalición)”, ha denunciado la diputada popular, que ha interpelado -dirigiéndose a la federación de izquierdas- si ello no es “motivo suficiente” para aprobar ya la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.

A juicio del PP, el Ejecutivo andaluz utiliza los informes jurídicos a su “pura conveniencia”, al tiempo que ha considerado que IU es “cómplice y prisionera de lo que está aconteciendo”.

Muchas preguntas sin respuesta

Ruiz Sillero se ha quejado de que el consejero de Educación sigue sin contestar muchas de las preguntas que su grupo le ha formulado en los últimos meses sobre subvenciones concedidas a distintas entidades, y ha lamentado que persistan “muchísimas dudas y ninguna contestación”, por lo que ha insistido en que es el momento de crear una comisión de investigación.

El portavoz de IU, Ignacio García, que ha reconocido el esfuerzo que está haciendo la Consejería de Educación al analizar los expedientes desde el año 2007, ha recalcado que su formación quiere conocer “la verdad” y va a “poner todos los medios” para ello.

IU ha expresado “cierta discrepancia” con la decisión de la Junta respecto a la protección de datos de los beneficiarios, al considerar que una vez que es “firme” la reclamación del reintegro debe hacerse público, por lo que ha asegurado que no va a aceptarlo.

García ha emplazado también a la Junta a que explique cuáles eran los criterios de concesión de las ayudas para así “eliminar cualquier sospecha sobre una posible discrecionalidad”, pues “aparecían muchas personas relacionadas con el PSOE”.

En la réplica, el consejero ha subrayado: “No ha habido beneficiarios vinculados a unas siglas, no es así”, y ha agregado que “posiblemente” el sistema de concesión no fuera el más “idóneo”, pero no sólo en Andalucía sino en todo el territorio nacional, con la “diferencia” de que esta comunidad “sí ha reaccionado y ya tiene un nuevo modelo”.