La Justicia acorrala al clan Pujol al imputar al ex president, Ferrusola y tres de sus hijos

La juez que investiga la fortuna oculta de Jordi Pujol ha imputado al expresidente de la Generalitat, a su esposa y a tres de sus hijos por indicios de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, al considerar “sospechoso” que sus fondos provengan de una herencia de más de 30 años atrás sin documentar.

Cinco meses después de la sorpresiva confesión pública de Jordi Pujol sobre la fortuna familiar oculta en el extranjero durante 34 años, una jueza de Barcelona imputó ayer por delito fiscal y blanqueo al ex presidente de la Generalitat, a su esposa Marta Ferrusola y a tres de sus hijos, Marta, Mireia y Pere, que tendrán que declarar el próximo 27 de enero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, para aclarar el origen de esos fondos. Pujol los atribuyó a una herencia de su padre, pero para la magistrada «no deja de resultar sospechoso» ese presumible origen, sobre todo teniendo en cuenta –asegura en el auto en el que cita a declarar a los cinco miembros del clan Pujol– «que no se aporta ninguna documentación» que acredite esa disposición testamentaria «de más de treinta años atrás».

La instructora del procedimiento –abierto a instancia de una querella de Manos Limpias– imputa únicamente a la esposa del ex molt honorable y a los tres hijos reseñados porque fueron ellos quienes el pasado julio (unos días antes de que el patriarca de la familia Pujol entonara el mea culpa), «con fondos procedentes de Andorra», regularizaron su situación fiscal con Hacienda «en cantidades superiores a los 120.000 euros», cantidad que delimita la existencia de delito fiscal. Para la jueza Balfagón estos hechos «por sí mismos resultan sospechosos de infracción penal por cuanto la ocultación de un patrimonio en el extranjero, aun sin conocer el importe, titularidad, origen o gestión del mismo, lleva a pensar en la comisión de un delito contra la Hacienda Pública» e incluso, añade, otro de blanqueo, «si no puede esclarecerse el origen de dichos fondos». Unos indicios que, subraya, obligan a comprobar «si la mentada regularización se realizó correctamente».

«Incluso terceros implicados»

No obstante, la magistrada no descarta que la investigación judicial pueda hacer aflorar «otros fondos de los que pudieran haber dispuesto el resto de los miembros de la familia Pujol Ferrusola, e incluso terceros implicados» siempre y cuando, añade, no estén ya siendo investigados por otros juzgados por los mismos hechos.

En la resolución, la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona recuerda que la causa se encuentra aún «en los inicios de la investigación sobre dicho patrimonio», por lo que resulta prematuro sostener que esa fortuna oculta «tiene un origen delictivo». Por eso, afirmar – como mantienen las acusaciones populares en sus querellas– «que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios por parte de la Generalitat de Catalunya» supone, sostiene, «una presunción o un salto cualitativo» improcedente a estas alturas de la instrucción. «No cabe utilizar el proceso penal –reitera– para llevar a cabo la constatación de unos hechos narrados de forma genérica e imprecisa sin apoyo probatorio alguno».

No es la única decisión que ha adoptado la magistrada que investiga la fortuna oculta de la familia Pujol. Además, en la misma resolución (firmada el pasado jueves) ha acordado librar nuevas comisiones rogatorias a Andorra y Liechtenstein (que ya fueron cursadas pero que ambos países devolvieron sin cumplimentar) para conocer la posible existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros a nombre del matrimonio Pujol Ferrusola y sus hijos.

Comisión rogatoria

Suiza tampoco ha entregado la información solicitada, pero dado que los datos que reclamaron las autoridades helvéticas para cumplimentar la comisión rogatoria (fecha, lugar, personas implicadas y modo operativo de los hechos delictivos previo al blanqueo de capitales y su conexión con Suiza) siguen siendo un interrogante, «no cabe por el momento librar una nueva comisión rogatoria» a la espera de que se obtenga toda esa información adicional.

A Liechtenstein, además, la jueza de Barcelona le reclama que le informe de las actuaciones que ha emprendido la Princely Court of Justice contra Jordi Pujol «por sospechas de blanqueo de dinero».

La instructora considera necesarias ambas peticiones de información al extranjero por «la necesidad de continuar con la investigación» pues, insiste, no existe otro modo de lograr esclarecer los hechos «ya que no es de esperar que la información sea facilitada por los propios imputados».

La jueza admite así parcialmente a trámite las querellas presentadas por Manos Limpias, Guanyem Barcelona, Plataforma per Catalunya, ICV, UPyD y el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez contra los Pujol, aunque les da 15 días de plazo para designar un abogado común que los represente.

Una vez pasado ese plazo sin acuerdo, asumirá la tarea el abogado Sebastián de Juan, de Manos Limpias, por ser la primera acusación popular personada en la causa. Del mismo modo, rechaza la personación del PSOE hasta que no presente formalmente una querella.