La muerte de Elosua se lleva el secreto de la «X» del «caso Faisán»

La muerte de Joseba Elosua, el dueño del bar Faisán que recibió en 2006 el chivatazo sobre una operación contra la red de extorsión de ETA, aleja las posibilidades de despejar públicamente de quién partió la orden de alertar a los terroristas, en un momento en el que el Gobierno de Rodríguez Zapatero estaba hablando con ETA. La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó, en octubre del año pasado, al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector jefe José María Ballesteros a un año y medio de prisión y a cuatro años de inhabilitación por revelación de secretos consideró que la finalidad del «chivatazo» fue no entorpecer un proceso que había en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA.

Joseba Elosua, quien murió a los 78 años por causas naturales, tras padecer problemas cardíacos y un tumor prostático, atendía la barra del bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006 cuando un individuo, que resultó ser un policía, le entregó un teléfono móvil desde el que le alertaron de una operación contra el entramado de recaudación del «impuesto revolucionario» de ETA. En esa operación, que se produjo con unos días de retraso, fueron detenidos, además del propio Elosua, nada menos que el que fuera miembro de la ejecutiva del PNV, Gorka Aguirre, y el fundador de ETA, Julen Madariaga, puesto en libertad tras prestar declaración. En la investigación judicial fue llamado a declarar como testigo el ex presidente del PNV Xabier Arzallus.

Aunque la investigación judicial evidenció que la orden de alertar a ETA no pudo partir originariamente de los condenados, el ex jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector jefe, todo indica que el tiempo no despejará, al menos judicialmente, la incógnita del nombre de la persona que decidió avisar a ETA para no entorpecer el proceso de diálogo con el Gobierno, como nunca se despejó judicialmente la «X» de los GAL. La causa sigue, no obstante, abierta en el Tribunal Supremo. Elosua, que fue detenido en 2006 y puesto en libertad al año siguiente por su delicado estado de salud, declaró el pasado mes de septiembre en la Audiencia Nacional que cuando un hombre le entregó, el cuatro de mayo de 2006, un teléfono móvil desde el que se le advirtió de que se iba a detener al miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur en la frontera con Francia, le pareció que le estaban tomando el pelo. No obstante, tras recibir el chivatazo, dio por hecho que quien le había entregado el móvil era un policía. La investigación judicial apuntó que se trataba del inspector jefe José María Ballesteros.

En una serie de fotogramas revelados por la Guardia Civil aparecía José María Ballesteros en las inmediaciones del bar Faisán, el 4 de mayo de 2006 y, más tarde, saliendo del local en un lapso horario coincidente con las llamadas efectuadas entre los números telefónicos de Ballesteros y del entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, encontrándose el móvil de Ballesteros en las cercanías del bar.

Dado que el chivatazo se produjo unos meses después del inicio de conversaciones entre el Gobierno de Zapatero y ETA y que en un acta de una de esas reuniones en poder de la banda se afirmaba que el Gobierno había dado prueba de buena voluntad en el proceso de diálogo alertando de la operación contra el entramado de extorsión de la banda, el PP planteó en el Congreso 25 preguntas en las que se cuestionaba si hubo alguna instrucción política, e incluso apuntó directamente al Ministerio del Interior.