La «trama del 3%» apunta al ex director de Infraestructuras de la Generalitat

La Fiscalía Anticorrupción baraja pedir al juez que cite como investigado a Lluís Quer

El análisis de la documentación intervenida el pasado octubre en la segunda fase de la «operación Petrum» en la sede de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y en la del departamento catalán de Infraestructuras ha permitido a los investigadores subir un escalón en la supuesta trama del pago de sobornos a la formación a cambio de adjudicaciones públicas.

En un primer momento, la investigación se centró en Josep Antoni Rosell, ex director general de Infraestructures.cat, la empresa pública encargada de adjudicar la parte del león de las obras de la Generalitat de Cataluña. Su superior, Joan Lluís Quer, que presidía ese organismo en el momento de los hechos –dimitió el pasado noviembre, en plena tormenta de la investigación judicial que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell–, se mantenía hasta ahora a salvo. Pero, según fuentes de la investigación, el rumbo de las pesquisas empieza a comprometer el ex presidente de Infraestructures.cat. «Parecía que no pintaba nada, pero por la documentación incautada no parece que sea un bendito...», aseguran las fuentes consultadas. «No era un presidente ausente», subrayan esas mismas fuentes, dejando entrever que podría estar al tanto de las adjudicaciones a empresarios que pagaban comisiones a CatDem, la fundación convergente. Unas comisiones que normalmente rondaban el tres por ciento, pero que, en ocasiones, alcanzaban incluso el diez por ciento del precio de adjudicación de las obras.

La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de recibir un informe de la Guardia Civil sobre la abundante documentación intervenida en la operación del pasado octubre. Si los indicios se confirman, los fiscales del caso, José Grinda y Fernando Bermejo, instarán previsiblemente al juez Josep Bosch a citar como investigado a Quer. Una comparecencia que elevaría el listón de las supuestas responsabilidades en el organismo de la Generalitat por encima de Rosell, que es, junto al ex tesorero de Convergència Andreu Viloca, uno de los dos principales investigados.

Tras casi dos años de pesquisas –la primera fase de la «operación Petrum» arrancó en junio del año 2014 con el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y su entonces alcalde, Daniel Masagué, como epicentro–, la Guardia Civil y Anticorrupción no han hallado indicios que impliquen a ningún alto cargo de CDC ni de la Generalitat en la supuesta trama de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones para financiar a la formación soberanista. «No se ha llegado a nadie del Govern ni de Convergència», concluyen fuentes de la investigación.

Otra causa abierta

Quer está investigado por otro juzgado de Barcelona tras denunciar Anticorrupción por tráfico de influencias y malversación, entre otros delitos, la presunta adjudicación irregular en 2008 por parte de la Agència Catalana de l’ Aigua (ACA) –de la que fue gerente durante el último Gobierno de Jordi Pujol– de contratos de consultoría a una unión de empresas vinculada al propio Quer (que en esas fechas ya había abandonado ese organismo).

A esta investigación se suma la que ha puesto en marcha el Tribunal de Cuentas ante las posibles irregularidades contables de la ACA, que ya reflejó en su informe de 2010 la Sindicature de Comptes de Cataluña.

Al renunciar a su cargo de presidente de Infraestructures.cat, Quer adujo motivos personales y desvinculó su decisión de los recientes registros en la sede del organismo en el marco de la «operación Petrum».

En su carta de despedida, aseguró tener el «firme convencimiento» de que el organismo estaba al margen de «todas esas turbulencias», y recalcó que «hasta última hora» se había esforzado «en superar y revertir esa situación». Ahora, habrá que ver si no termina atrapado por esas turbulencias.