Los alcaldes del PP cierran filas con Montoro sobre la reforma local y el PSOE amenaza con llevar el texto al TC

Una treintena de alcaldes del PP escenificaron ayer, junto con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y otros dirigentes nacionales del partido, como el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, el apoyo al proyecto de reforma local que sale del Congreso sin el respaldo del PSOE. Detrás queda más de un año de negociaciones por parte de Montoro con la oposición, y también con los de su propia organización política. Y el resultado es un proyecto rebajado con respecto al planteamiento inicial, pero que, aun así, elimina duplicidades, recorta burocracia y homologa sueldos.

La fotografía que dejaron los dirigentes populares tiene como mensaje la negación de algunos de los principales argumentos en los que el PSOE ha justificado su «no» a la reforma, como, por ejemplo, el de que el proyecto implica una privatización de los servicios. Y la fotografía también reivindica algunas de las que, a juicio de Montoro, son las principales aportaciones de esta iniciativa: acaba con las competencias impropias y garantiza que las entidades locales que las sigan ejerciendo reciban el cien por cien de la financiación por parte de las administraciones autonómicas. El Gobierno se ha comprometido, además, a abordar la financiación local junto con la autonómica, una promesa heredada de pasadas legislaturas.

Los alcaldes reunidos ayer suscribieron una declaración pública con la que escenifican su respaldo al proyecto con argumentos como el de que da respuesta a las «reivindicaciones históricas» del municipalismo y «realza» el papel de las corporaciones locales en el Estado de las Autonomías «poniendo fin al desequilibrio que se ha producido en su desarrollo».

En la declaración, los alcaldes del PP también suscriben que la nueva ley coloca a los entes locales en el sitio que les corresponde dentro del sistema constitucional español; y ordena y clarifica las competencias, «evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas y las duplicidades y triplicidades entre administraciones». «Por primera vez se va a cumplir el principio de lealtad institucional, ampliamente reivindicado por los municipios. Todos los ayuntamientos que se encuentren en equilibrio presupuestario podrán ofrecer a sus vecinos los servicios que consideren, además de los obligatorios, siempre que no los esté prestando ya otra Administración. No hay ningún artículo ni disposición en esta norma que se lo impida», argumentan.

Por su parte, en el Pleno del Congreso ayer toda la oposición cargó contra el texto de la reforma local. Unos por creerlo «inconstitucional y en algunos casos inaplicable» (como dijo el socialista Gaspar Zarrías); otros, tras defender que es»una traición a los municipios y Cataluña» (Carles Páramo, de CiU), y alguno, como la diputada de IU Ascensión de las Heras, porque es la vuelta al «caciquismo y al elitismo». El PSOE ha amenazado incluso con recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional (TC). Unanimidad en contra, como ironizó Rosa Díez, lograda por el ministro Montoro, ya que también UPyD, Compromis, CC, BNG y ERC pidieron la retirada del texto, tras coincidir en que empeora los servicios y la calidad demcrática. Hasta el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que retiró su enmienda a la totalidad in extremis, dejó claro que «hay muchas cosas que preocupan», entre otras lo relacionado con las mancomunidades o las competencias impropias. El PSOE quiso trasladar la inquietud que genera el texto con la imagen de algunos de sus alcaldes en el Congreso. «Creemos que hace falta una reforma local, pero no ésta que emprende el PP contra todo y contra todos una vez más, imponiendo exclusivamente su criterio», denunció la vicesecretaria general, Elena Valenciano, acompañada, entre otros, por el secretario socialista de Política Municipal, Gaspar Zarrías; la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, y su secretario general en el Congreso, Eduardo Madina. Flanqueada también por el alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, afirmó que el PP «no ha escuchado a nadie, ni a la oposición, ni a los alcaldes, ni a los vecinos, ni a las asociaciones, ni a los trabajadores sociales» y que persigue «privatizar en gran medida los servicios que los ciudadanos reciben». En esa línea se manifestó Abel Caballero, que dijo que era el día «más negro del municipalismo español», porque «se va a consumar un grave atentado contra los ciudadanos». No en vano, denunció que «se consumará la pérdida de autonomía de los municipios de menos de 20.000 habitantes», que verán cómo sus servicios centrales pasarán a ser competencia de las diputaciones provinciales.