Los detenidos declararán mañana en la Audiencia ante el juez Pedraz

La Policía agotará el plazo máximo de 72 horas de detención antes de poner a disposición judicial a los once arrestados

Los once detenidos dentro de la «operación Nelson», que es como se ha bautizado la investigación por la que ha sido arrestados los principales dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias, pasarán mañana a disposición judicial, y comparecerán ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. De esa forma, se agotará el plazo de las 72 horas que fija la ley como máximo antes de que un detenido pase de dependencias policiales a disposición judicial –aunque en supuestos graves se puede ampliar ese plazo otras 48 horas–.

Una de las circunstancias que ha determinado agotar ese plazo ha sido el hecho de que esta semana estaba de guardia el juez Eloy Velasco, con lo que tendría que haber sido éste quien les tomara declaración y adoptara la decisión correspondiente sobre la situación personal de los detenidos; mientras que el próximo lunes entra de guardia Santiago Pedraz, que es, precisamente, quien instruye este procedimiento y quien conoce, junto a la Fiscalía, los pormenores existentes en la causa.

Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas «utilizaban dichas entidades, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados, mediante prácticas de extorsión a entidades financieras o personas vinculadas a las mismas, así como mediante la obtención fraudulenta de subvenciones y otras prácticas delictivas, como la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero, actividades que venía realizándose de forma organizada y prolongada en el tiempo».

Por otro lado, según la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción, Ausbanc creó una organización pantalla para seguir actuando fraudulentamente en los tribunales como asociación de consumidores y usuarios, después de que el Ministerio de Sanidad la expulsara en 2014 de su registro estatal. La entidad, denominada Causa Común, fue denunciada por Facua-Consumidores en Acción el año pasado, pero no obtuvo respuesta de las autoridades de consumo.

En febrero de 2015, informa Efe, Facua se dirigió a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para solicitar que la denominada Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común fuera expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu). La asociación argumentó que se trataba de una entidad instrumental del negocio Ausbanc, que ahora está siendo investigado.

Según Facua, el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, «ha seguido presentando fraudulentamente su negocio como si se tratase de una organización no lucrativa de defensa de los consumidores», pese a que lo tiene legalmente prohibido desde hace dos años.