Los fiscales catalanes desobedecen a Torres-Dulce al no querellarse contra Mas

Las discrepancias entre la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Fiscalía General del Estado llegaron ayer a su punto más álgido.

Las discrepancias entre la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Fiscalía General del Estado llegaron ayer a su punto más álgido. Los fiscales de Cataluña, con José María Rodríguez de Tejada al frente, se opusieron ayer a interponer ninguna querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y algunos de sus consejeros, por la «consulta» celebrada en Cataluña el pasado 9-N.

Previamente a la decisión de la Fiscalía del TSJ catalán, que no fue unánime, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó a Rodríguez de Tejada la interposición de una querella por el delito de desobediencia y prevaricación, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes fiscales, pero no la consideró «procedente», y así se lo comunicó ayer mismo.

Ante esa postura, y tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el fiscal general decidió convocar a la Junta de Fiscales de Sala, la cúpula fiscal, para recabar su opinión al respecto, que, en todo caso, no es vinculante para la decisión final. Esa reunión se celebrará mañana mismo, y al finalizar la misma, Torres-Dulce tendrá que pronunciarse sobre si mantiene su decisión de que el Ministerio Público emprenda acciones legales contra Mas, o, por el contrario, reconsidera su decisión.

De acuerdo con el artículo 27 del mencionado estatuto, cuando la orden del fiscal general no sea atendida por un inferior –en este caso, el fiscal superior de Cataluña–, resolverá «oyendo a la Junta de Fiscales de Sala».

Sobre esta decisión, fuentes fiscales señalaron a este periódico que todo hace indicar que el fiscal general mantendrá el criterio que en estos hechos ha mantenido desde el principio. Es decir, que existen argumentos jurídicos para interponer la correspondiente querella contra el presidente catalán, Artur Mas, al entender que los actos celebrados con motivo del 9-N vulneraron las resoluciones del Tribunal Constitucional en las que declaraba suspendidos todos los actos preparativos y de celebración relacionados con esa consulta.

En cuanto al criterio de la Junta de Fiscales de Sala –encabezada por el fiscal general y de la que forman parte el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el recientemente designado Luis Navajas, y los fiscales de Sala–, las mismas fuentes no dudaron en coincidir en que la mayoría respaldará el criterio del fiscal general, aunque no se prevé que sea una postura unánime.

Con ese respaldo, Torres-Dulce vería reforzada su posición ante la tesitura de interponer una querella contra Mas, con todas las repercusiones políticas que ello conlleva. En ese caso, el fiscal superior de Cataluña, Rodríguez de Tejada, sólo tendría dos opciones: acatar «por imperativo legal» la orden del fiscal general del Estado y presentar la querella, o renunciar a su cargo.

La Fiscalía Superior de Cataluña inició el pasado 8 de noviembre, víspera de la consulta alternativa, unas diligencias de investigación ante la realización de actos, como cesión de locales públicos, elaboración de papeletas o distribución de urnas por parte del Gobierno de la Generalidat de Cataluña contrarios a la suspensión cautelar dictada por el TC.

Los fiscales catalanes siempre se mostraron contrarios a la presentación de la querella por los actos del 9-N, desde que al día siguiente de ese proceso la Fiscalía General del Estado les remitiese el borrador que había elaborado para la presentación de la querella de forma inmediata.

Para intentar limar esas diferencias, el pasado miércoles se reunió en Madrid el fiscal general del Estado, junto a algunos de sus asesores, con el fiscal superior de Cataluña, que estaba acompañado por su número dos. En esa reunión, se encargó a la Fiscalía de Cataluña que realizara una valoración jurídica de los hechos, pero, tal como se encargó Torres-Dulce al día siguiente, la decisión final correspondería a la Fiscalía General.

Mes y medio de espera

Por otro lado, la Fiscalía Superior de Cataluña tiene sobre la mesa desde hace mes y medio una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitando su opinión sobre la querella presentada contra el presidente autonómico por Manos Limpias por seguir adelante con la consulta del 9-N «sabiendo y teniendo conocimiento de estar atentando contra la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico». El colectivo de funcionarios denunció a Mas el pasado 1 de octubre por los delitos de desobediencia, prevaricación, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Veinticuatro horas después, el presidente de la Sala Civil y Penal del TSJ catalán daba traslado de la querella al Ministerio Público para que informase «sobre la competencia de esta sala, así como sobre la admisión a trámite de la misma». Hasta hoy. La Fiscalía sigue sin pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella presentada por Manos Limpias. El sindicato que preside Miguel Bernad ha presentado desde esa fecha seis ampliaciones de la denuncia por diversas actuaciones de Mas, lo que no ha hecho sino retrasar el pronunciamiento de la Fiscalía.

El TSJC recibe 12 denuncias por el 9-N

Una interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha recibido, hasta el día de ayer, un total de doce denuncias procedentes de varios juzgados catalanes en contra del presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un delito de desobediencia por el 9–N, y las remitió a la Fiscalía para saber si serán admitidas a trámite. Estas primeras denuncias proceden todas de fuera de Barcelona, y son de los juzgados de Martorell, Gavà y Terrassa. No obstante, los juicios se han inhibido hacia el TSJC, dada la condición de aforado de Mas. La sala civil y penal del tribunal catalán que designó a un ponente por cada una de las denuncias presentadas, siguiendo el turno de reparto establecido en el reglamento del TSJC, remitirá los escritos contra Mas a la Fiscalía, para que el Ministerio Público informe sobre si son favorables a su admisión a trámite o no. Estas denuncias llegan después de la polémica generada por la pseudoconsulta soberanista del 9­–N. A partir de ese día, la Fiscalía decidió acusar a Mas y a otros miembros del Gobierno catalán de prevaricación y desobediencia civil, por lo que se transmitió la querella al Ministerio Público catalán. No obstante, estos últimos, de momento, se han opuesto a tramitar la demanda, escudándose en la existencia de algunos fallos técnicos. Además, el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que «a lo mejor no es necesario presentar la querella». El delito de prevaricación sí que comportaría inhabilitación para Mas, pero no el de desobediencia. Volviendo a las denuncias recibidas, una vez que la Fiscalía responda a las mismas, se constituirá una sala de admisiones, integrada por el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, y otros dos magistrados, de los que uno será nombrado ponente.