La "mano derecha" de Puigdemont tacha de "estrafalaria" la imputación a Tsunami de la muerte en El Prat

El jefe de gabinete de Carles Puigdemont ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que reclama al juez Manuel García Castellón que no siga adelante con la investigación por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic al considerar "estrafalaria" la imputación de la muerte de un ciudadano francés en El Prat durante la ocupación del aeropuerto por la plataforma en octubre de 2019 en protesta por la sentencia del "procés".

En sus alegaciones, el abogado de Josep Lluís Alay -Gonzalo Boye, también letrado del expresidente de la Generalitat, cuya imputación está ahora en manos del Tribunal Supremo- asegura que se trata de "una persecución" contra un grupo de personas que -se queja- incumple lo dispuesto en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo.

En ese escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, denuncia que en estos cuatro años la familia del fallecido en el Prat "jamás fue considerada víctima del terrorismo porque siempre se ha sabido que no estamos ante actos terroristas". De ahí que señale la "inutilidad, impertinencia y ausencia de cualquier necesidad" para practicar las diligencias acordadas por el instructor para intentar esclarecer si esa muerte se puede achacar a la masiva ocupación del aeropuerto. Y es que una imputación por terrorismo podría complicar el visto bueno de la Justicia europea a aplicación de la ley de amnistía a la causa de Tsunami, como contempla el acuerdo de PSOE y Junts que hizo presidente a Pedro Sánchez.

"Una manifestación ciudadana"

El abogado de Alay señala que García Castellón debía haber trasladado a las autoridades francesas la existencia de un procedimiento con una supuesta víctima de terrorismo de nacionalidad gala, para que su familia pudiese ejercer en su caso la acusación particular en la causa. Pero, hace hincapié, "nada" se ha hecho hasta ahora "por parte de este juzgado" ni tampoco por parte de las autoridades francesas, "que, hasta ahora, no saben que una manifestación ciudadana es conceptuada, en este procedimiento, como un acto terrorista".

"Será interesante saber", dice, qué opinan las autoridades francesas de lo que considera un "intento de criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales" y de que "se le haya mantenido en la ignorancia sobre el hecho de que, ahora, se pretenda transformar una muerte fortuita en un asesinato terrorista, y que de ello sea víctima un ciudadano francés a cuya familia, por espacio de más de cuatro años se le ha privado de cualquiera de los derechos reconocidos en la citada Directiva".

"Desviación de poder"

Para Boye, se trata de "una situación estrafalaria" que incurre en un "incumplimiento sistemático de las normas europeas" y en una "desviación de poder" que implica "un uso indebido de recursos públicos para fines ajenos a cualquier proceso penal".

Pero la defensa va más allá y denuncia el "acoso" a los familiares del fallecido (se refiere expresamente a unas declaraciones de su hija a "El Español" en las que asegura que se está "utilizando" la muerte de su padre por intereses políticos) y el "uso poco ético de unos hechos lamentables que distan mucho de ser un asesinato terrorista".

Por todo ello, insta al instructor a "abandonar" esa línea de investigación para no abocar el procedimiento a "un escenario más perverso que el actual y a un dispendio indebido de dineros y recursos públicos", archivando la causa o remitiéndola (como le pide la Fiscalía, que solo aprecia indicios de un delito de desórdenes públicos) a los juzgados de Barcelona.