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Defensa

Más de 1.000 millones en dos meses en el nuevo caza europeo

Defensa redobla su apuesta para romper el bloqueo político

El Gobierno prestará 350 millones a Indra y a su UTE con Airbus para el futuro sistema de combate aéreo EUROPAPRESS

El Futuro Sistema Aéreo de Combate («FSAC») es, posiblemente, una de las apuestas más ambiciosas y disruptivas en las que está inmersa Europa. España, Francia y Alemania tratan de coordinar lo mejor de su industria para dar vida a un caza capaz de transformar los conceptos fundamentales de la doctrina militar del futuro.

No se trata únicamente de crear un avión de sexta generación, sino de un proyecto a muy largo plazo. El objetivo es desarrollar un sistema de sistemas que genere un núcleo de tecnologías y armas que otorguen a Europa superioridad aérea. En torno a esta idea se concibe una nube de combate que actúe como cerebro del conjunto, desarrollando una red de mando, control, comunicaciones e inteligencia segura y basada en la criptografía más avanzada.

Asimismo, se prevé el desarrollo de una serie de vehículos no tripulados, cuya importancia en los conflictos del futuro ha quedado sobradamente demostrada por la experiencia ucraniana. Estos operarían en enjambre, pudiendo lanzarse desde un portadrones o desde plataformas de apoyo.

En último lugar se encuentra la joya de la corona del proyecto: el caza de nueva generación. Este avión aspira a reemplazar las flotas de «Rafale» franceses y «Eurofighter» de Alemania y España. Su diseño estaría concebido para actuar como centro de mando de los efectivos no tripulados y para convertirse en una aeronave de baja observabilidad. Así, el concepto principal radica en convertir al nuevo caza en el núcleo de un enjambre de drones, coordinados mediante una nube de combate ultramoderna.

Los primeros vuelos están previstos entre 2027 y 2029, pero integrar todos los sistemas y garantizar su funcionamiento conjunto podría retrasar la plena operatividad del programa hasta bien entrada la década de 2040. Una fecha tan lejana que habría sido uno de los puntos de fricción entre los socios. España, que inicialmente participaba como observadora, se incorporó al proyecto en 2019 en igualdad de condiciones, logrando que el 33 % del desarrollo se realice en su territorio.

Indra, una pieza clave

La empresa española fue designada por el Gobierno como coordinadora industrial nacional del programa. Se encargará de liderar el desarrollo de los componentes relacionados con la digitalización y la inteligencia del sistema. Además, será la líder internacional en el desarrollo de los sensores y coliderará, junto con sus socios europeos, la nube de combate. Su participación resulta esencial para la consecución de ese «sistema de sistemas» que persiguen los países implicados.

No actuará en solitario. Airbus Defence and Space se ocupará del desarrollo del caza de nueva generación, centrándose en las tecnologías furtivas que harán al aparato prácticamente invisible para sus adversarios. Paralelamente, ITP Aero coordinará el desarrollo de los motores. La compañía, con sede en Zamudio, organizará el trabajo de más de veinte empresas, centros tecnológicos y universidades españolas para crear un motor de sexta generación con lo más avanzado de la tecnología mundial.

Finalmente, «SATNUS», un consorcio creado expresamente para el «FSAC», se encargará de los drones y de las operaciones remotas. En él se han unido empresas que originalmente eran rivales con el objetivo de fomentar la colaboración y generar sinergias que impulsen el programa.

Tensiones entre los socios: un plan en peligro que España quiere liderar

Aunque el proyecto comenzó como una iniciativa franco-alemana, España ha adquirido un papel que podría permitirle asumir el liderazgo. Las tensiones industriales entre los otros dos países amenazan la continuidad del programa, y la eventual salida de Francia podría dejar en vilo la supervivencia del «FSAC».

Mientras tanto, España refuerza su compromiso. En 2021 aportó 2.500 millones de euros para garantizar la investigación y el desarrollo hasta 2027. En octubre de este año añadió otros 350 millones para fortalecer las capacidades nacionales del núcleo tecnológico y, más recientemente, ha sumado 700 millones adicionales. Más de 1.000 millones en dos meses para enviar un mensaje claro a sus socios: el compromiso de España es total, está dispuesta a invertir lo necesario y su industria ya trabaja activamente en el proyecto. El objetivo parece ser forzar una solución al bloqueo político.

Francia, sin embargo, reclama un reparto mucho menos equilibrado. París exige el 80 % del desarrollo del caza en favor de «Dassault», una cifra que rompería el principio de distribución equitativa y ha provocado una fuerte disconformidad. Ante ello, la empresa francesa estaría considerando desarrollar un avión en solitario. Mientras España y Alemania defienden un modelo consorcial y colaborativo que refuerce los vínculos europeos, Francia apuesta por una estrategia más dirigista y centralizada.

Si Francia finalmente abandona el proyecto, las alternativas pasarían por buscar un nuevo socio europeo con las capacidades tecnológicas necesarias. En este escenario, se mencionan con fuerza Italia o Suecia, cuyos sectores aeronáuticos representarían opciones interesantes.

La delicada situación de España

La planificación vuelve a ser un problema para el Ejecutivo. La apuesta de España por el sistema de sexta generación ha sido total, y para financiarla ha renunciado a adquirir tecnologías de quinta generación como el «F-35». Esto la deja en una posición comprometida.

El programa, en su totalidad, no estará operativo —en el mejor de los casos— hasta 2040, mientras que los actuales «F-18 Hornet» y «AV-8B Harrier II» se retirarán en torno a 2030. Esto supondría un vacío de entre diez y quince años en el que las Fuerzas Armadas españolas carecerían de un avión de combate de última generación, mientras aliados y posibles adversarios sí dispondrían de ellos.

En la actualidad, la única aeronave de despegue corto y aterrizaje vertical de quinta generación disponible en el mercado es el «F-35B», lo que implica que España podría condenar a su ala aérea embarcada a la desaparición cuando los «Harrier» dejen de estar en servicio. Conviene recordar que este modelo realizó su primer vuelo en 1981 y por lo tanto su vida útil no se puede extender eternamente. España se negó en rotundo a la hora de realizar la compra de los «F-35B» hace escasos meses, por lo que existen muy pocas vías a partir de este punto si el país quiere actualizarse. Una opción, obviamente, sería retractarse y apostar nuevamente por los aviones norteamericanos. Eso, o confiar en la cuarta generación durante unos cuantos años más de lo esperado. Por ello, la confianza de España es tan grande en la sexta generación, parece haberse convertido en un camino sin salida, un todo o nada. Y, aunque este proyecto salga adelante, seguirá habiendo una brecha de tiempo en el que las capacidades embarcadas de la Armada seguirán en entredicho.

Así, mientras el futuro de uno de los proyectos más ambiciosos de Europa pende de un hilo, España afronta serias dificultades para encontrar alternativas.