Mas pedirá a Rajoy permiso para la consulta, pero prepara la vía unilateral

La grandilocuencia ha ido asociada al proceso soberanista desde que Artur Mas puso rumbo a la independencia tras las últimas elecciones autonómicas.

La grandilocuencia ha ido asociada al proceso soberanista desde que Artur Mas puso rumbo a la independencia tras las últimas elecciones autonómicas. Y así sigue siendo. Basta, si no, con fijarse en el balance que hizo el consejero de la Presidencia, Francesc Homs, del acto fundacional del denominado pacto nacional por el derecho a decidir, celebrado ayer en el Parlament. «La reunión de hoy marca un hito en el proceso», dijo Homs. Tan alta fue la cumbre alcanzada, que el Govern se decidió a anunciar formalmente sus anhelos soberanistas al Gobierno. El propio Mas dirigirá en breve una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que hará constar su «voluntad de diálogo» para dar lugar a una consulta acordada.

El líder nacionalista ha repetido en multitud de ocasiones que está completamente comprometido con la vía de la negociación con el Gobierno, pero la verdad es que sus asesores estudian otro planteamiento, el de los hechos consumados. «Los juristas debemos tener muy claro que si este tipo de reivindicación política no halla una canalización jurídica, normalmente se salta el Derecho y se va por las vías de hecho», dijo el presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, Carles Viver Pi-Sunyer, en alusión a la consecución de la independencia de Cataluña por la vía uniteral, al estilo de Kosovo, que aprobó una declaración en su Parlamento.

Mientras Mas se reunía a puerta cerrada con 40 entidades para constituir el pacto del derecho a decidir y se realizaba una suerte de conjura a favor del diálogo, a pocos metros, Viver Pi-Sunyer, explicaba ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament el informe del Instituto de Estudios Autonómicos sobre las fórmulas legales que existen para celebrar la consulta. Su conclusión fue que ésta sólo puede ser legal si el Estado tiene voluntad política de que lo sea.

Pero tal y como constató Mas después de reunirse con Mariano Rajoy, hoy por hoy, no existe esta voluntad política. Por eso, Viver Pi-Sunyer no descarta abrir otras vías «donde el derecho tiene poco que decir». Estos caminos, según recoge el documento, pasan por convocar unas elecciones plebiscitarias y por aprobar una declaración unilateral de independencia, a pesar de que Mas no contempla por ahora la secesión a la brava, a diferencia de su socio, Oriol Junqueras (ERC), que anteayer dijo: «Dadme 68 diputados (la mayoría en el Parlament) y apruebo una declaración unilateral de independencia».

¿«Plan Ibarretxe»?

Antes de llegar a estos extremos, Viver Pi-Sunyer explicó que hay cuatro vías legales –cinco si se cuenta la reforma la Constitución– para celebrar una consulta soberanista, aunque «todas dependen de la voluntad política del Estado». «El Derecho puede utilizarse para canalizar esta reivindicación, pero también para frenarla», advirtió, y puso como ejemplo el «plan Ibarretxe». La consulta puede convocarse por la vía del artículo 92.1 de la Constitución, que habla de los referendos, si el Estado convoca uno en Cataluña para que los ciudadanos decidan su relación con el resto de España.

La segunda opción sería a través del artículo 150.2, mediante el cual el Gobierno podría transferir a la Generalitat la competencia para convocar referendos. Viver Pi-Sunyer consideró que si Mas pide de manera solemne y amparado por una amplia mayoría social y política, y no de escondidas en una reunión en Madrid, el Estado podría ceder.

En tercer lugar podría explorarse la Ley 4/2010 de consultas por la vía de referendos que el Gobierno llevó ante el Tribunal Constitucional (TC). Aunque la ley está impugnada, el TC levantó su suspensión, pero apenas tiene posibilidades de prosperar en el sentido que los nacionalistas desean. La última vía está relacionada con otra ley de consultas, la que ultima el Parlament y que, a diferencia de la anterior, no requiere la autorización del Estado para convocar a las urnas, siempre y cuando la pregunta esté relacionada con materias de competencia autonómica.

Mientras el proceso académico-jurídico continúa con avances como los señalados, Mas intenta, en paralelo, que el proceso estrictamente político no descarrile. En este sentido, hay una preocupación sobresaliente para el presidente de la Generalitat y es el progresivo alejamiento del PSC del proceso, a pesar de que sectores críticos del Partit dels Socialistes están muy determinados a dar respaldo a la consulta. Fue muy llamativa, de hecho, la presencia de Fabián Mohedano, miembro de la ejecutiva del PSC, en la reunión del pacto por el derecho a decidir. Mohedano se «coló» en la sala como secretario general del Movimiento Laico Progresista.

También estuvo presente el ex conseller Ernest Maragall en su condición de presidente de Nova Esquerra Catalana, el partido que impulsó tras romper con el PSC. Todo ello ilustra a la perfección la fractura de los socialistas catalanes y la impotencia de su dirección para poner firmes a los sectores críticos.

Fuera del pacto, aunque por otros motivos que el PSC, también quedan PP y Ciutadans. Ni uno ni otro apoyan el derecho a decidir, como sí hacen los socialistas catalanes. No defienden medias tintas. Tanto para Alicia Sánchez-Camacho, como para Albert Rivera, el derecho a decidir, ya sea en el pacto nacional o en la comisión parlamentaria –donde sí participan los socialistas– es un eufemismo para hablar de independencia. La presidenta del PP catalán acusó a Mas de haber utilizado el Parlament para sellar un «pacto para dividir a los catalanes del resto de los españoles, que es la obsesión de CiU».