Matas defiende que sólo le guió «el interés público» al contratar con el Instituto Nóos

El ex presidente balear Jaume Matas ha defendido la legalidad de los convenios firmados con el Instituto Nóos para la organización de sendos Illes Balears Forum en 2005 y 2006. A través de su abogado, Antonio Alberca, el ex ministro asegura que, al llevar adelante ambos proyectos, le guió «sólo el interés público». En un escrito remitido al juez José Castro, instructor del «caso Nóos», Matas recurre la decisión del magistrado de negarse a practicar diversas diligencias en el extranjero con las que el ex presidente de Baleares pretendía constatar la «seriedad, pertinencia económica y política y solvencia científica» de los dos foros organizados por la asociación sin ánimo de lucro, que percibió por ambos eventos 2,3 millones de euros.

En esas alegaciones, la defensa de Matas (imputado en la causa) asegura que la negativa del juez a interrogar a diversos ponentes extranjeros y a solicitar información a varias entidades internacionales que participaron en los mismos le dificulta probar «la solvencia de los eventos», algo que, en su opinión, provoca indefensión y vulnera su derecho a un proceso con todas las garantías. Además, recuerda al juez que «con los medios tecnológicos actuales» (en alusión a las videoconferencias) estas diligencias no retrasarían la investigación.

Matas hace referencia al auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca del pasado 7 de mayo, en el que el tribunal (además de dejar sin efecto la imputación de la Infanta Cristina), expresaba sus «serias dudas» de que para la organización de esos foros fuese necesaria la convocatoria de un concurso público, como mantiene la Fiscalía Anticorrupción. Para la Audiencia la ilegalidad no residiría tanto en el modelo de contratación elegido, sino en la «desviación de poder» supuestamente cometida por la Administración. Para la defensa del ex presidente balear, este «cambio de criterio» abre un «nuevo escenario» en el fundamento de la imputación contra su cliente y su objetivo, ahora, es demostrar que «no responde a la realidad».

Matas acepta, sin embargo, la decisión del juez de no reclamar el convenio suscrito por el Ejecutivo balear que permitió que el artista mallorquín Miquel Barceló decorara la cúpula de la Sala de Derechos Humanos de la sede de la ONU en Ginebra, un proyecto cuyo coste se disparó un 130% hasta los 20 millones de euros.

El ex ministro sostiene que su único objetivo era acreditar que en la Administración «este tipo de convenios son habituales y lícitos» algo que, entiende, ha corroborado la Audiencia de Palma de Mallorca.