Mirar hacia otro lado

Dentro de una semana, todos los demócratas veremos cómo la memoria de más de 300 asesinados, entre ellos mujeres y niños, es pisoteada por quienes han permitido que el terrorista Valentín Lasarte se haya convertido en un estandarte de la reinserción etarra, en un ejemplo para los disidentes que quieran hacer borrón y cuenta nueva a golpe de silencio.

Más de 300 familias no saben quién colocó una bala en la sien de sus padres, hermanos o hijos. Y no lo sabrán jamás si el Estado de Derecho, temeroso quién sabe de qué, insiste en arrodillarse abre terroristas al tiempo que se llena la boca apelando a la dignidad de las víctimas. Las leyes vigentes permiten vincular la concesión de un permiso como el de Lasarte a que el reo colabore con las autoridades en la resolución de crímenes no resueltos. El Estado de Derecho lo sabe, pero hace oídos sordos a la discrecionalidad de la Ley. Hace oídos sordos al dolor intermitente de centenares de personas cuyos familiares fueron asesinados por fantasmas.

Como presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, no me duele que quien señaló a mi hermano para que le descerrajasen un tiro en la cabeza quiera reinsertarse en sociedad. Lo que me avergüenza es que el Estado de Derecho le allane el camino a toda costa. Este país ve hoy prioritario que un asesino en serie como Lasarte se reinserte. ¿Cuál es el precio que los demócratas debemos pagar? El peaje es extremadamente caro y consiste en no exigir colaboración a quien se presupone colaborador potencial; consiste en mirar hacia otro lado al constatar que el recluso miente reiteradamente en los juicios y oculta información sobre asesinatos de forma clara.