Moncloa nunca dedicó gran atención a la causa del hermano del presidente del Gobierno. Concentrados en defender públicamente a Begoña Gómez y con el juez Juan Carlos Peinado como blanco de sus críticas, la instrucción que afectaba a David Sánchez quedó en un segundo plano. También por el perfil de la magistrada, mucho más discreta que el titular del Juzgado 41 de Madrid. Hasta ahora.

En el Ejecutivo creían que esta cuestión quedaría «en nada», aunque ese sea el argumentario oficial para todas las causas en esta, en concreto, estaban seguros de ello cuando el incremento patrimonial que generó la denuncia quedó desacreditado por los investigadores. Sin embargo, el caso se ha ido complicando hasta colocar a los implicados al borde del banquillo, con el inconveniente añadido de que entre ellos se encuentra también un barón autonómico del PSOE.

Una vez que se ha producido este desenlace, la maquinaria de Moncloa ha comenzado a trabajar a con el combustible habitual, fomentando un choque entre poderes. Al movimiento del PSOE se sumó ayer el del Gobierno, con varios ministros en tropel saliendo a emular la estrategia tantas veces ensayada de desacreditar a los jueces. En este caso, a la magistrada Beatriz Biezma.

En concreto, el ataque se centra en criticar las «prisas» por juzgar a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, dentro de la causa abierta en un juzgado de Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias, que también afecta al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, cuyo aforamiento también defienden de manera vehemente desde la Moncloa.

Especialmente simbólico es el pronunciamiento de todo un ministro de Justicia, Félix Bolaños que consideró que «la resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir el juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial», señaló, en alusión a que esta instancia tenía que resolver todavía los recursos presentados por, entre otras partes, la Fiscalía, pidiendo la absolución. Bolaños insistió en que las «prisas no son buenas consejeras» para tomar decisiones «tan importantes». La jueza dictó el jueves este auto después de que Gallardo iniciase los trámites para convertirse en diputado en el Parlamento autonómico, por lo que, al adquirir la condición de aforado, su caso deberá ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Este movimiento político, que ha generado también polémica, viene marcado por una estrategia coordinada con el Gobierno, tal como publica hoy este diario, y, por tanto, Bolaños defendió la decisión, puntualizando que el aforamiento no supone ninguna ventaja judicial. «Simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa, no implica ninguna impunidad», y defendió, además, como un «hecho absolutamente objetivo» que Gallardo tenga la acreditación de diputado desde este miércoles.

«Que el líder del Partido Socialista de Extremadura quiera estar en la Asamblea Extremadura para hacer oposición al Gobierno del Partido Popular y de la derecha en Extremadura es lo más normal del mundo», insistió. Sobre el procedimiento, Bolaños confió en que «vaya por los cauces legales», mientras que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue más vehemente en su crítica, al asegurar que la instrucción se basa en un «bulo» dirigido a «atacar y deshumanizar» al presidente del Gobierno.

Desde Huelva, Montero defendió que es Pedro Sánchez quien está en el «foco de esta agresión» y comparó este caso con el que afectó a la hermana del presidente de la Junta, Juanma Moreno, contratada «por el conservatorio que dependía de la Junta», según dijo. Este caso que, en su opinión, era «mucho peor» no tuvo recorrido porque no se realizó «ninguna denuncia por parte de la ultraderecha o un juicio».

Montero también respaldó a Gallardo, señalando que el PSOE «respeta» y «entiende» la decisión del secretario general del partido en Extremadura de convertirse en diputado y puntualizó que «cada persona entiende que tiene que desarrollar su tarea política desde el entorno que considere más conveniente». En la misma línea se manifestó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que consideró legítima la decisión de Gallardo, adoptada a contra reloj antes de que la jueza le abriera juicio oral, y valoró que no contradice las normas internas del partido.

Rodríguez también rechazó que obedezca a una maniobra para ser aforado y se mostró convencida de que «si David no se llamara Sánchez de apellido y fuera el hermano del presidente del Gobierno, aquí no habría caso». Y no lo habría porque para que exista tráfico de influencias se requiere precisamente ese vínculo. La instrucción de defender a Sánchez y Gallardo llegó incluso a los ministros de Sumar y Pablo Bustinduy valoró que la mayoría de las causas judiciales que afectan al Gobierno «no parece que estén conduciendo a ninguna parte y se asemejan más a lo que dijo el portavoz del PP de que su tarea era acabar con el Gobierno por todos los medios posibles».