Multas frente a penas de cárcel en otros países

El anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), aunque ha sido presentado desde algunos sectores como un texto caracterizado por las medidas represivas y poco menos que antidemocráticas, incluye una serie de sanciones que, en la mayoría de los casos, según se puede observar en el cuadro comparativo que se publica sobre estas líneas, son sensiblemente menores que las ya establecidas en los países de nuestro entorno.

Frente a las penas de cárcel que en Estados Unidos, Francia, Alemania o Portugal se aplican en el caso de actuaciones delictivas como la utilización de dispositivos luminosos contra medios de transporte que puedan provocar accidentes, perturbaciones de la seguridad ciudadana frente a las cámaras parlamentarias o la celebración de manifestaciones ilegales, el citado anteproyecto contempla la imposición de una serie de sanciones económicas, que varían en función de la gravedad de los hechos.

Uno de los supuestos delictivos que puede acarrear una de las sanciones más graves, de hasta 600.000 euros, es el uso de los dispositivos de rayo láser contra medios de transporte, entre ellos los aviones. La utilización de este tipo de artilugios, sobre todo en eventos deportivos o grandes concentraciones de personas, ha crecido en los últimos años, con el consiguiente riesgo. Son fáciles de esconder, ya que pasan por simples bolígrafos, y, sin embargo, los efectos que originarían si, por ejemplo, se distorsiona la visión del conductor de un vehículo o el piloto de un avión que esté en fase de despegue o aterrizaje pueden ser desastrosos.

En el caso de solicitud o aceptación de servicios sexuales en zonas frecuentadas por menores, hechos sancionados hasta con 30.000 euros de multa, el anteproyecto no difiere sustancialmente de lo previsto en la legislación de países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido.

Asociaciones de padres y otras entidades han solicitado en los últimos años la adopción de este tipo de medidas, por el daño que supone para la infancia la contemplación de actividades relacionadas con la prostitución.

Uno de los asuntos que más polémica ha suscitado en los últimos tiempos es el de las manifestaciones de protesta que se pretendan celebrar cuando el Congreso de los Diputados o el Senado estén reunidos. Las multas, de hasta 30.000 euros, contrastan con los 10 años de prisión previstos en Estados Unidos. El anteproyecto prevé que las sanciones se apliquen si la perturbación se produce en parlamentos autonómicos.