Sin noticias del Senado: el TC cumplirá un año con la vacante de un magistrado sin cubrir

El Tribunal Constitucional (TC) seguirá con un magistrado menos al menos hasta el próximo otoño, con lo que superará el próximo julio un año con la vacante sin cubrir del magistrado Alfredo Montoya, que renunció al cargo por motivos de salud el 27 de julio de 2022. Corresponde al Senado designar a su sustituto, pero desde septiembre del pasado año –cuando la Cámara Alta abrió el procedimiento para que los parlamentos autonómicos elijan a sus candidatos– la sucesión de prórrogas (hasta cuatro) ha demorado esa renovación pendiente de la institución.

La última prórroga concluye el próximo martes, pero con las Cortes disueltas la tramitación quedará en suspenso hasta que se constituyan de nuevo las Cámaras en agosto. Será entonces cuando la Mesa del Senado deberá decidir si prorroga por quinta vez el plazo (como ha hecho hasta ahora a instancias de algún parlamento autonómico) o se pone en marcha de una vez el procedimiento de selección del candidato.

La renovación del Constitucional fue uno de los empeños del Gobierno de Pedro Sánchez, que llevó incluso al Ejecutivo a impulsar una reforma legal -suspendida cautelarmente por el TC-para despejar el relevo que corresponde al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aunque el órgano de gobierno de los jueces demore su elección, eliminando asimismo el visto bueno del Pleno del TC a los candidatos.

Pero una vez desatascada la elección de los candidatos por parte del CGPJ (los magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano), y garantizada la mayoría progresista de la institución (con la designación además por parte del Ejecutivo del exministro Juan Carlos Campo y la que fuera alto cargo de Moncloa Laura Díez), resolver el nombramiento del sustituto de Montoya no ha estado, ni mucho menos, entre las prioridades del Ejecutivo de coalición. Entre otros motivos, porque el PSOE condiciona esta renovación (conviene no olvidar que el sustituto de Montoya, elegido a propuesta del PP en el Senado, debería ser un magistrado conservador) a otra de mayor calado: la del CGPJ, que lleva en funciones cuatro años y medio por la falta de acuerdo del Gobierno con el PP. Un relevo que ya no podrá producirse hasta después de las elecciones del 23-J.

Solo cuatro candidatos autonómicos

Por ahora, los parlamentos autonómicos no han mostrado excesivo entusiasmo por hacer llegar al Senado a sus candidatos. Solo Aragón y Extremadura (que apuestan por el magistrado José Ricardo de Prada y por el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura Aurelio Blanco, respectivamente) y Galicia (que defiende la candidatura del presidente del Consejo Consultivo gallego, José Luis Costa Pillado) y Andalucía (que promueve para el cargo a Juan Bautista Cano, que estuvo al frente del Consejo Consultivo de Andalucía) han presentado candidaturas. Y en estos dos últimos meses (desde que el Senado prorrogó por tercera vez el plazo el pasado abril) ninguna cámara regional ha cumplido con el trámite.

Por su parte, la Comunidad de Madrid y Cantabria han hecho llegar al Senado que no propondrán el nombre de ningún candidato para sustituir a Alfredo Montoya.

Tras la última renovación del Tribunal Constitucional, en el Pleno presidido por el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido hay una holgada mayoría progresista: siete magistrados frente a cuatro conservadores que serán cinco cuando se incorpore el sustituto de Montoya, que causó baja en el tribunal en agosto de 2021 al sufrir un ictus (por lo que al año que casi lleva sin cubrir la vacante hay que sumar otro más por la baja médica antes de su renuncia en julio de 2022).

El sustituto de Montoya tendrá además la opción de permanecer en el TC durante doce años. Al ser nombrado después de marzo de este año, su mandato será inferior a tres años (frente a los nueve por el que son elegidos los jueces del Constitucional), porque en marzo de 2026 se producirá la siguiente renovación del TC, que abandonarán los que fueron elegidos a propuesta del Senado. De ahí que, según contempla la ley que regula su funcionamiento, podría repetir mandato y continuar en la institución hasta marzo de 2035.