La otra renovación del TC: el Senado abre el plazo para elegir al sustituto de Montoya

La designación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) –que junto a los dos que elegirá el Gobierno se plasmarán en una mayoría progresista en la institución– no es la única que está en marcha para la renovación del tribunal de garantías. El Senado ya ha abierto el plazo para que los parlamentos autonómicos propongan sus candidatos para cubrir la plaza que dejó vacante el magistrado conservador Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud el pasado julio tras un año de baja médica después de que sufriera un ictus en agosto de 2021.

Según acordó la Mesa del Senado el pasado 31 de agosto, las cámaras autonómicas disponen ahora de plazo hasta el próximo 11 de octubre para presentar los candidatos entre los que el Senado tendrá que elegir a su sustituto, un plazo que –según fuentes de la Cámara Alta– es susceptible de ampliarse.

De hecho, que finalmente ese proceso de selección se demore no es baladí. Si el sustituto de Montoya es nombrado antes de marzo de 2023, su mandato será de solo tres años (frente a los nueve por el que son elegidos los jueces del Constitucional, que se renueva por tercios cada tres años): Y es que en marzo de 2026 el Senado debe elegir a los cuatro magistrados que le corresponden (que sustituirán a los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, al conservador Ricardo Enríquez y al futuro sustituto de Montoya).

Nueve años más si es después de marzo de 2023

Sin embargo, si la Cámara Baja designa a su candidato después de esa fecha, al estar en el cargo puede optar a un nuevo mandato, éste sí de nueve años, por lo que permanecería en el puesto doce años en total. Y es que el artículo 16.4 de la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC establece que ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período tras expirar su mandato «salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años».

A la espera de que los parlamentos de las comunidades autónomas remitan a sus candidatos, en el propio TC se elucubra con la posibilidad de que entre esos candidatos autonómicos figure Carlos Lesmes, que el pasado día 7, en el acto de apertura del año judicial, lanzó el órdago de su posible dimisión en cuestión de semanas si no se renueva el CGPJ o la institución que preside no recupera sus competencias para hacer nombramientos, lo que ha abocado al Tribunal Supremo a una situación insostenible por la ristra de vacantes sin cubrir.

Si Lesmes renunciase al cargo antes de ese 11 de octubre (o de la fecha ampliatoria que fije el Senado para ese proceso de selección) –argumentan esas mismas fuentes–, sería perfectamente elegible para el TC. Lo mismo sucedería si el CGPJ fuese renovado (algo que parece más complicado) antes de que la Cámara Alta culmine su proceso de elección.

Lesmes se descartó para el TC

Sin embargo, Lesmes ya dejó claro recientemente que descartaba dar ese paso para desbaratar las suspicacias que apuntaban a que su determinación en que el CGPJ designe sin demora a los dos jueces del TC podría ser recompensada por el Gobierno con una plaza en el Constitucional. Fuentes próximas al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ señalan que aunque su amenaza de dimisión «va muy en serio», esa vía está descartada también a través de una posible designación del Senado.

En todo caso, la designación de un sustituto de Montoya (que previsiblemente debe ser de signo conservador) permitirá no solo que el Pleno del tribunal vuelva a estar integrado por doce magistrados (y no por once, como sucede ahora con esa plaza vacante). Además, afianzará la actual mayoría conservadora a la espera de la renovación de cuatro de sus jueces por parte de Gobierno y CGPJ, lo que dará un vuelvo al equilibrio de fuerzas en la institución.

Pero incluso con ese futuro Tribunal Constitucional de mayoría progresista, la llegada del sustituto de Montoya estrechará el margen entre los dos bloques, pues el Pleno estará compuesto por siete jueces de signo progresista y otros cinco conservadores.