La "obsesión enfermiza" de Podemos con los policías: multas de hasta 600.000 euros para los agentes

Tras meses de inactividad, la formación que lidera Yolanda Díaz rescató el pasado 10 de mayo la polémica reforma de la denominada por ellos "ley mordaza". Sumar presentó una Proposición de Ley Orgánica para "amputar esa norma y amoldarla" a un modelo de seguridad ciudadana cuyo único objetivo parece ser el de dejar "más desprotegidos y vulnerables" a los agentes y abrir la puerta a la "impunidad de las campañas de señalamiento, acoso y persecución"contra ellos. Y es que la lista de propuestas para torpedear el trabajo policial parece no tener fin.

Campaña de la que también forma parte Unidas Podemos que sitúa a los policías "en el punto de mira" al exigir que se les impongan multas de hasta 600.000 euros. "Ya no es que pretendan recortar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, es que quieren convertir a los policías en sus víctimas", denuncian desde la Confederación Española de la Policía (CEP). Porque a su juicio, esta iniciativa es "una provocación miserable para los 225.000 profesionales de todos los Cuerpos de Seguridad, que estamos hartos de este tipo de ataques gratuitos".

A su juicio, la formación morada da un paso más en su estrategia de acoso y derribo e intenta "extender el manto de la sospecha sobre los policías" al dificultar su trabajo con unas sanciones que irían desde los 25.0001 a los 600.000 euros. En concreto, esta iniciativa incluye hasta catorce situaciones en las que los agentes se convertirían en autores de infracciones muy graves. A saber, según el nuevo artículo (35 bis), bajo el epígrafe de e "infracciones muy graves de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", se incluye una serie de actuaciones sancionables como "el uso de pelotas de goma o cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones, lesiones graves o la muerte de una persona; impedir la grabación de las actuaciones policiales o requisar material gráfico sin orden judicial; así como obstaculizar gravemente el ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales".

"Impunidad en la calle"

Una serie de trabas cuyo único objetivo es "imponer la impunidad en la calle" y "evitar cualquier intervención nuestra", denuncian desde la CEP. Porque esta Proposición de Ley demuestra un "alarmante desconocimiento normativo" de sus autores, ya que han incluido una serie de comportamientos que constituyen delito o falta dentro del propio régimen disciplinario de Policía Nacional, Guardia Civil y Policías autonómicas y locales. Es el caso de "actuar bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas", "ejercer prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias" o "encubrir la comisión de una falta o delito por parte de otro agente de la autoridad". De este modo, lo que buscan es "desincentivar la respuesta policial".

Y mientras agravan las sanciones contra los policías, rebajan las de los agresores y rescatan el sistema de "multas a la carta", o lo que es lo mismo, pretenden que las sanciones por infracción a esta Ley Orgánica puedan suspenderse (en función de la situación económica del multado), fraccionarse o incluso sustituirse por medidas de rehabilitación. Y por si esto fuera poco, también pretenden rebajar las cuantías de esas multas, por lo que "tomar la calle sale más barato", advierten desde este sindicato policial. Así, el castigo por desobediencia o resistencia a la autoridad, pasaría de ser una infracción grave (con multa de 601 a 30.000 euros, en este momento) a una leve, con una sanción testimonial de entre 100 y 500 euros. Si el autor se retracta o disculpa, la multa queda sin efecto.

El silencio de Marlaska

Todo ello ante la falta de respuesta del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, al que exigen que "defienda" su trabajo "sin esconderse ni buscar excusas". Reclaman que Interior fije una posición clara frente a "este grave cuestionamiento del trabajo policial" y el intento de "desprestigiar a unos profesionales" que se juegan la vida por proteger a los demás.

Desde la CEP piden al ministro del Interior que refuerce la protección física y jurídica de los agentes, justo en el momento en el que más agresiones sufren por intervenciones en la calle. "Sólo entre policías y guardias civiles, sufrimos 1.400 delitos de atentado cada mes en 2023. Una cifra intolerable que demuestra que el principio de autoridad se ha erosionado notablemente por el escaso castigo penal que tiene pegar a un agente. Frente a ello, iniciativas como las de Podemos no dejan de ser otro desprecio más hacia un colectivo de cientos de miles de familias que seguimos volcándonos cada día en la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles", concluyen.