El PP lleva al Congreso la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles, así como su jubilación anticipada

Una jubilación digna, la equiparación salarial, la pérdida de competencias, el derecho a huelga, la ley de amnistía, las jornadas laborales, la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la falta de medios humanos y técnicos...la lista de agravios con policías nacionales y guardias civiles por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se antoja interminable. Pero, sin duda, el tema más recurrente es el de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de Policías autonómicas y locales. Porque a pesar de haber rubricado un acuerdo en 2018, su incumplimiento sigue siendo flagrante.

De nada parecen servir las manifestaciones multitudinarias de los agentes ni la labor diaria de los distintos sindicatos y asociaciones profesionales, que recurren incluso a los tribunales para salvar los obstáculos planteados por el Ejecutivo a espaldas de los agentes. La última decepción llegó de la mano de Grande-Marlaska, que no tuvo reparos en ocultar a policías y guardias civiles que había recurrido la sentencia que le obliga a renegociar con estos sindicatos y asociaciones profesionales el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018.

En este punto, y tras años de incumplimientos, el PP registró el pasado 17 de mayo en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. En concreto, exige cuatro puntos muy concretos para su debate en el Pleno de la Cámara Baja:

• Encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas.
• Ejecutar la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación de 2018, para permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de Segunda Actividad o de Reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación.
• Elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación con el resto de Policías del territorio español.
• Proceder a los estudios y modificaciones legislativas oportunas, para aprobar la jubilación voluntaria anticipada a Policías Nacionales y Guardias Civiles.

807 millones de "subida"

En el texto de la Proposición No de Ley registrado por el PP en la Cámara Baja, constan los detalles de cómo se fraguó ese acuerdo de equiparación y de las cantidades consignadas en aquel momento. Así, figura que se estipuló un proceso gradual en tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, con un importe de 807 millones de euros que serían destinados al Complemento Específico Singular (el 90% del total) y a la Productividad (el 10% restante). Además, se incluían 100 millones de euros adicionales que se destinarían a incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo.

Sobra decir que los 807 millones "invertidos" no han sido suficientes para equiparar las retribuciones de policías y guardias civiles con mossos o ertzainas. Y si bien es cierto que se ha producido una "subida", la brecha salarial sigue existiendo. Por no hablar de que Marlaska acabó, una vez más, en los tribunales por incumplir el pago de los cien millonesde euros. El asunto de las auditorías, que también aparece reflejado en el texto de la iniciativa, fue uno de los más controvertidos por el oscurantismo de Grande-Marlaska.

¿Se modificaron las auditorías?

En el informe original de Ernest & Young, empresa auditora, se explicaba que "existen determinados conceptos que se tomaron en consideración en la masa salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en comparación con la correspondiente a los Mossos d'Esquadra que, de no haberse tenido en cuenta, habrían arrojado una cantidad superior". Los conceptos de los que habla son el plus de vestuario, el de acción social y el de residencia. Retribuciones que, de haberse excluido de la masa salarial utilizad apor la Secretaría de Estado para el cálculo, demostrarían que la cantidad de 807 millones suscrita en el acuerdo no sería suficiente para alcanzar la equiparación real de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos o la Ertzaintza.

Sin embargo, en su segundo informe este hecho cambió completamente. En este segundo documento, la consultora externa aseguraba que los 807 millones acordados entre las partes firmantes del acuerdo, eran "el marco total y absoluto" del que debía partir la auditoría. De este modo, certificaba que esa cantidad era "correcta" y "ajustada" a la realidad retributiva existente. Ante este giro radical en su exposición, el PP exige una nueva auditoría externa.

Jubilación digna y profesión de riesgo

Polémica es también la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a reconocer a los policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo. Un rechazo que llama la atención, no solo por el aumento visible de agresiones que sufren estos agentes, sino porque otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado "de riesgo". Y este hecho va directamente unido a otro agravio comparativo, el de la jubilación anticipada.

Porque el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales.

Así, la negativa a incrementar las pensiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se convierte en una de las principales razones por las que el Ejecutivo se niega a incluir a policías nacionales y guardias civiles en la lista de profesiones de riesgo, pese a estar más que acreditado.