La obsesión del PSOE: ¿Por qué se niega Sánchez a reconocer como profesión de riesgo a policías y guardia civiles?

En 2024 se alcanzó la cifra más alta de agresiones a policías nacionales y guardias civiles en España de los últimos quince años: 16.878. Una trágica cifra que dista mucho de las palabras de la eurodiputada socialista Idoia Mendía, que no tuvo reparos en asegurar que los agentes "sólo sufren agresiones de vez en cuando". Lo dijo en Bruselas, en pleno debate de una directiva impulsada por el Partido Popular Europeo para declarar a los policías nacionales, guardias civiles, militares y funcionarios de prisiones como profesión de riesgo.

Los Mossos d'Esquadra lo son. La Ertzaintza, también lo es. Y la Policía Foral de Navarra y los policías locales... pero el Gobierno tiene una particular obsesión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a quienes boicotea siempre que puede. Así lo ha hecho en el Congreso de los Diputados donde día sí y día también, el Ejecutivo, y por ende, el PSOE, han bloqueado una y otra vez la tramitación de la proposición de ley que permitiría la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles, así como su reconocimiento como profesión de riesgo.

Tanto es su empeño en cerrar puertas a los agentes que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha sacado de la manga un informe en el que se concluye que la "profesión de riesgo no existe". El titular de Interior llegó a manifestar que "desde un punto legal no existe este concepto" y mintió al afirmar que "la peligrosidad ya está considerada en otros conceptos como la productividad". Sobra decir que los agentes ya denunciaron que en sus nóminas no figura ninguna retribución por ese concepto. Y mientras, los estudios sobre la peligrosidad de su profesión se retrasan (22 meses ya).

Y, en esa misma línea, la última encerrona tuvo lugar ayer en el Parlamento Europeo, donde el PSOE, por enésima vez, intentó boicotear toda posibilidad de sacar adelante una norma que reconoce la peligrosidad y penosidad del trabajo de esos agentes. "No es necesario", manifestó la europarlamentaria socialista Idoia Mendía, lo que provocó la indignación unánime de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil.

Hasta 12.600 euros menos al año que un mosso

Pero más allá de las tribulaciones políticas del Ejecutivo de Sánchez y la querencia a mantener contentos a sus socios de Gobierno, subyace un motivo de peso: el económico. Y es que el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la jubilación anticipada cobrando el 100% de la prestación. Mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y, en el mejor de los casos, terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.

Y si bien no existe un listado oficial de profesiones de riesgo, tal y como aseguran fuentes del Ministerio de Trabajo, sí existen profesiones catalogadas como "de riesgo", entre las que no se encuentran ni los miembros de la Policía Nacional, ni la Guardia Civil, ni las Fuerzas Armadas, funcionarios de prisiones o agentes de aduanas. Así lo estipula la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en su apartado 3.2. Sin embargo, este artículo también determina que "esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades". Es decir, existe la posibilidad de aplicar normas específicas para incluir a estos agentes dentro de las profesiones de riesgo, lo que les permitiría beneficiarse del "coeficiente reductor" y jubilarse de forma anticipada, a los 59 años, cobrando el cien por cien de su pensión.

La fórmula legal que no quiere aplicar el Gobierno

Eso es lo que se hizo con los policías locales, mediante el Real Decreto 449/2018 de 14 de diciembre; con los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra, mediante la Disposición Final Vigésima-octava de la ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado; así como con la Ertzaintza, a través de la Disposición Vigésima de la Ley General de Seguridad Social. En definitiva, legalmente, el Ejecutivo puede aplicar una norma específica para incluir a policías nacionales y guardias civiles dentro del catálogo de profesiones de riesgo.

La clave se encuentra en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé la posibilidad de rebajar la edad mínima de jubilación por real decreto y mediante coeficientes reductores para aquellos grupos o actividades profesionales "cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acuse elevados índices de morbilidad o mortalidad". Y en estas estamos, ya que, desde el pasado mes de junio de 2023, fecha en la que el Defensor del Pueblo confirmaba que se habían iniciado los trámites para realizar los estudios sobre "la siniestralidad, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo del colectivo de funcionarios de la Policía Nacional", no ha habido noticias nuevas.

En definitiva, todo parece reducirse a una cuestión, la económica. Y es que más allá de la "no" equiparación salarial de policías y guardias civiles con mossos, ertzainas o policías locales, la aplicación del coeficiente reductor a todos los agentes supondría un gasto extraordinario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su ministro del Interior, en este caso, no están dispuestos a asumir.