Piden hasta 27 años para acusados de 12 actos de «kale boroka»

Se les juzga por sabotajes en líneas férreas y ataques a entidades bancarias y sedes de UPN y PSOE.

Cinco acusados de una docena de actos de kale borroka en Navarra entre 2004 y 2007 se sientan desde hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional, donde se enfrentan a penas de entre dos años y medio y 27 años de prisión por delitos de daños terroristas y tenencia de explosivos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que David Urdín, José Javier Osés, Aitor Torrea, Íñigo Gulina e Iñaki Torrea llevaron a cabo esos actos con intención de «colaborar» con los fines de las ilegalizadas Segi-Harrai, organización –recuerda en su escrito de acusación– «complementaria de la actividad de la lucha armada de ETA» a través de la violencia callejera. El juicio se celebra once años después de su detención en noviembre de 2007.

El Ministerio Público incide en el hecho de que la actividad de Segi y Harrai se caracterizaba por la utilización de artefactos explosivos o incendiarios con el objetivo de causar «daños, coacciones y amenazas» mediante el lanzamiento de artefactos incendiarios o la colocación de artefactos explosivos, actos que persiguen «producir profundo temor, atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho».

En particular, el Ministerio Público atribuye a Osés la participación en diez actos de kale borroka; siete en el caso de Urdín (a quien además le imputa un delito de tenencia de explosivos) y seis en el de Gulina. A Aitor Torrea sólo le involucra en dos y a Iñaki Torrea, en uno.

Algunos de los actos de violencia callejera que la Fiscalía achaca a los acusados son la explosión de un artefacto en la sede del PSOE de Burlada (Navarra) el 29 de mayo de 2004; el incendio de una máquina de reparación de vías férreas en la estación de tren del Carrascal, en Unzúe el 25 de febrero de 2006; el lanzamiento de cuatro cócteles molotov contra una oficina bancaria y una sucursal de Correos de Pamplona el 6 de mayo de 2007; el sabotaje de la línea férrea Alsasua-Tudela a la altura del término municipal de Oloriz el 24 de mayo de ese mismo año; la interrupción del tráfico ferroviario en la vía que une Castejón y Pamplona el 12 de agosto de 2007 –unos sabotajes que se repetirían en Arbizu e Irurzun-Iza en septiembre de ese mismo año– el lanzamiento de seis artefactos incendiarios contra dos sucursales de la Caja de Ahorros de la Rioja y el Banco de Vasconia el 28 de septiembre, también en 2007, y la colocación de un artefacto incendiario-explosivo en la sede de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Catarroso (Navarra), que no llegó a estallar.

La vigilancia policial sobre Urdín permitió a los agentes recuperar de la basura una serie de restos depositados por el acusado y que presumiblemente se utilizaron para confeccionar artefactos explosivos-incendiarios con el objetivo de llevar a cabo nuevos actos de kale borroka: clorato potásico, ácido sulfúrico, guantes...

Ese hallazgo propició las órdenes de entrada y registro, acordadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que culminaron con la incautación en el domicilio de Urdín de cuatro botellas de medio litro con ácido sulfúrico, gasolina y aceite de motor. Además, en la vivienda de Aitor Torrea los agentes encontraron 57 pegatinas de la ilegalizada Segi, boletos con el logo de Gestoras y un documento con el sello de ETA. En el piso de Gulina, la Policía halló un documento sobre presos de ETA con el anagrama de Askatasuna.

En el auto de procesamiento, el juez Eloy Velasco atribuía al «grupo Y» al que pertenecerían los acusados la comisión de unos 40 actos de kale borroka en Navarra entre 2004 y 2007. El magistrado les imputó entonces un delito de integración en organización terrorista del que, finalmente, la Fiscalía no acusará a estos cinco procesados.