PP y UPyD aprueban en el Congreso su pacto para quitar subsidios a etarras excarcelados, que vetó Amaiur

El Congreso de los Diputados ha acordado, con los votos de PP y UPyD, instar al Gobierno a adoptar las medidas que sean necesarias para evitar "un aprovechamiento indebido"de la asistencia ofrecida por el Estado

El Congreso de los Diputados ha acordado, con los votos de PP y UPyD, instar al Gobierno a adoptar las medidas que sean necesarias para evitar "un aprovechamiento indebido"de la asistencia ofrecida por el Estado, en particular el denominado subsidio de excarcelación, por parte de terroristas que no han mostrado arrepentimiento ni colaborado con la Justicia.

El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha defendido este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso una proposición no de ley que incluye la redacción de la moción que pactó con el PP para eliminar los subsidios a etarras excarcelados y cuya votación Amaiur vetó en el Pleno en un acto que Rosa Díez ha calificado de "filibusterismo".

"Es una decisión de estricta justicia. Es legitimo que un preso que ha salido de la cárcel tenga una forma bien sencilla de acreditar que se ha reinsertado en la sociedad reconociendo el daño causado por él y por la organización terrorista de la que era miembro, pidiendo perdón a las víctimas y, la más importante, colaborar con la Justicia", ha expuesto Rosa Díez.

Por parte del PP, Julieta de Micheo, ha defendido que esta medida no supone "una retirada del subsidio, sino que, para acceder a él, hace que se cumplan una serie de requisitos imprescindibles", entre ellos, haber satisfecho la responsabilidad civil con sus victimas que fueron asumidas en su día por el Estado.

El PP ya lo incluyo en el senado

Este acuerdo se produce tan sólo un día antes de que el Pleno del Congreso vote las enmiendas procedentes del Senado a los Presupuestos Generales del Estado para 2014, entre las que el PP ya ha incluido una para que los condenados por terrorismo no reciban el subsidio por desempleo si no han mostrado arrepentimiento, pedido perdón a las víctimas y mostrado "signos claros e inequívocos"de desvinculación a la organización.

El pasado 21 de noviembre, UPyD y PP pretendían que el Pleno votara el acuerdo sellado por ambos en esta materia, pero la coalición abertzale lo impidió al no conceder la unanimidad que se exigía para someter el texto a votación. Sin embargo, justo después de esa sesión plenaria, la formación magenta registró en forma de proposición no de ley el texto pactado con los 'populares' para que los grupos pudieran pronunciarse sobre él en la Comisión de Interior.

Pide, por tanto, proceder a las modificaciones legales para incorporar nuevos requisitos para cobrar este subsidio que deben ser: la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos, la colaboración con la Justicia y el pago de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de responsabilidad civil.

También por delitos «especialmente reprobables»

La proposición solicita además al Ejecutivo que estos requisitos les sean exigidos también a personas condenadas por delitos "especialmente reprobables", y no sólo para acceder a esta prestación por excarcelación, sino otras ayudas públicas. Pide que se apliquen los mismos condicionantes para que estas personas puedan desempeñar un cargo público.

Asimismo, la iniciativa de la formación magenta emplaza al Gobierno a "reforzar"la vigilancia y la coordinación con otras administraciones para "impedir"y "sancionar"la percepción de tales subsidios o ayudas mediante fraude de Ley o incumpliendo los requisitos legales.

En contra de esta medida se han manifestado IU, PSOE y CIU. El representante de la Izquierda Plural Ricardo Sixto se ha opuesto justificando que "la Ley debe ser igual para todos". Por su parte el diputado de CiU Feliu-Joan Guillaumes i Rfols ha dicho que se trata de "una medida de dudosa legalidad"y ha recordado que el subsidio de excarcelación "es un subsidio previsto para todos los delitos y eso afecta a asesinos o violadores".

El diputado del PSOE José Ignacio Sánchez ha recordado que esta cuestión ya ha sido evacuada por el PP en el Senado y ha criticado que "va en contra de la Constitución que una persona que ya ha cumplido su pena no pueda tener un cargo público". "Son personas que han cumplido con su pena y, desde el punto de vista penal, están en paz", ha zanjado.