Congreso

Presión a Sánchez: la cuestión de confianza apunta al 25 de febrero

La iniciativa de Junts está previsto que se debata y se vote en el tercer pleno del periodo de sesiones

Salvo cambio de última hora, lo previsible es que la proposición no de ley de Junts para instar a Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza se sustanciará el 25 de febrero. Esa es la previsión teniendo en cuenta el calendario de plenos ordinarios diseñado, aunque todavía es provisional, ya que tiene que recibir el plácet de la Junta de Portavoces en la reunión del 4 de febrero. Según ese calendario, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el primer pleno en el que Junts va a tener turno para introducir una proposición no de ley es el del 25 al 27 de febrero ya que, en las sesiones plenarias previas, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, corresponderá a PP, PSOE, Vox y Sumar.

En este sentido, la previsión puede variar siempre y cuando los partidos que preceden a Junts renuncien a su turno, aunque se antoja complicado dado que casi nunca ocurre. Según explican fuentes parlamentarias y, tal y como queda recogido en el Reglamento, cada grupo parlamentario tiene un número determinado de turnos (cupo) en cada periodo de sesiones (de febrero a junio y de septiembre a diciembre) y va en función de los diputados: en este sentido, a Junts le corresponde un turno por cada 14 del PP y por cada 12 del PSOE ya que se asigna uno por cada diez parlamentarios. Según las mismas fuentes parlamentarias, tienen prioridad los grupos parlamentarios que «no hayan consumido el cupo», aunque esa situación solo se da a medida que avanza el periodo de sesiones y los partidos van agotando sus turnos. Ahora mismo, arranca el primer periodo de sesiones de 2025 y, por tanto, y teóricamente, los grupos pueden aprovechar su turno siguiendo el criterio de mayor a menor. No obstante, las mismas fuentes parlamentarias señalan que jurídicamente se pueden dar problemas por la poca especificidad del Reglamento.

En todo caso, con esta previsión, le queda menos de un mes a Pedro Sánchez para tratar de suavizar los ánimos de Junts y convencerles para que retiren la cuestión de confianza, que se tramitará en la reunión de la Mesa del Congreso del próximo martes. Cabe recordar que, desde que se presentó el 9 de diciembre, la iniciativa de Junts se ha mantenido congelada con el pretexto de las dudas jurídicas sobre su viabilidad.

La Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, ha evitado pronunciarse hasta en dos ocasiones, en una decisión sin precedentes, según fuentes parlamentarias. En paralelo, el PSOE ha ido dando tumbos sobre la posición que iba a tomar: llegó a decir que iban a rechazar su admisión a trámite y, finalmente, van a aceptarla tras el acuerdo sobre el decreto del pasado martes.

No obstante, ese acuerdo también incluye cesión por parte de Junts, que suaviza el texto. En la nueva iniciativa, se señala el «carácter político, sin vinculación jurídica», de la proposición no de ley para forzar al presidente del Gobierno a «considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución».

El antiguo texto, en cambio, decía lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza». De esta manera se suaviza el mandato del Congreso al presidente del Gobierno al dar a Sánchez la posibilidad de valorar la «oportunidad» de plantear la cuestión de confianza. No obstante, el presidente del Gobierno ya ha asegurado que se va a negar, pese a que prospere en el Parlamento, tal y como está previsto porque, probablemente, PP y Vox la apoyen.

De hecho, el informe de los letrados del Congreso de los Diputados abría la puerta tanto a admitir la iniciativa de Junts como a rechazarla. Entre los argumentos que aparecían, se aducía que la proposición no de ley no tiene efectos jurídicos vinculantes para el Gobierno.

Junts considera que el debate de la cuestión de confianza es la «deadline» en su relación con el Gobierno. Solo la retirará si antes se han cumplido los compromisos en catalán, inmigración, financiación y amnistía política.