Prioridad de Génova: limitar el «yugo» de Vox

La campaña que empieza hoy será decisiva en el desenlace de la batalla electoral en las principales plazas en juego, y por las que se medirá el resultado en clave nacional de la contienda: Valencia, Andalucía (capitales de provincia, con Sevilla como la gran joya en disputa), Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón y Barcelona.

Moncloa ha contado una vez más con la ayuda del sondeo del CIS para generar ilusión entre los cuadros socialistas y movilizar a la izquierda con la perspectiva de que no habrá catástrofe en la noche electoral y que está, en teoría, en sus manos mantener el actual mapa de poder territorial. El presidente Pedro Sánchez aspira a ganar en coaliciones, no en votos a nivel nacional, pero sí en alianzas de gobierno. Mientras que Alberto Núñez Feijóo afronta las elecciones con la consigna de que el objetivo de su partido debe ser conseguir ser la lista más votada en el mayor número de plazas y, a partir de ahí, luchar en la negociación de los acuerdos postelectorales por gobiernos en solitario con pactos externos de investidura.

Esta es la gran obsesión de la dirección popular, a pesar de que sabe que enfrente tendrá, en el caso de darse ese escenario, la resistencia de muchos de sus barones, que no están dispuestos a sacrificar la posibilidad de gobernar para no «mancharse» con una coalición con el partido de Santiago Abascal como la que firmó el PP de Castilla y León. Los resultados de ese acuerdo son conocidos por todo el partido: un desastre en la imagen pública y un desatino en la gestión privada. Y por eso el equipo de Feijóo sabe que en la política de pactos postelectorales se juegan mucho de lo que pase en las próximas elecciones generales.

La vista puesta en las generales

Si el 28-M consolida al PP como la principal fuerza y recuperan alguna «plaza» simbólica sin necesidad de someterse al «yugo» de la coalición con Vox, habrá hecho pleno. Pero el escenario no está claro y, por precaución por la lectura que se pueda hacer en la noche electoral, en Génova han empezado ya a relativizar la trascendencia del 28-M con el argumento de que los resultados serán buenos, pero todavía serán mejores en las próximas elecciones generales.

La situación de empate es un factor motivador para una campaña que tendrá la misma intensidad que si se decidiera el futuro de La Moncloa. Sánchez ha buscado incluso el cuerpo a cuerpo con Feijóo en el Senado, la próxima semana, porque necesita encontrar nuevos marcos de oportunidad para consolidar unos sondeos que no son tan entusiastas con el PSOE como el que ayer publicó el CIS.

El empate y lo ajustado del resultado hace que la campaña empiece sometida a la distorsión de la propaganda de los partidos, necesitados de hacer creer a su militancia que tienen motivos para ir a votar porque es posible seguir gobernando.

Y mientras Moncloa insiste en envolverse en la economía como antídoto contra la corriente antisanchista que denuncian los sondeos, el PP va a multiplicar los recursos dirigidos a colocar el foco en la alianza estructural del PSOE con independentistas y Bildu, siglas que molestan a muchos socialistas y al votante de izquierdas más moderado.

Malversación y sedición

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, registró justo ayer la proposición de ley para recuperar las penas y la malversación en las conductas de corrupción. Recuperar la sedición en el Código Penal y tipificar el referéndum ilegal. «Hay que derogar la entrega del Código Penal a los sediciosos y corruptos, como derogamos las rebajas de penas a violadores y agresores sexuales».

Desde Europa ya se ha planteado una propuesta que anticipa que la reforma pactada por el Gobierno de coalición con los independentistas, para sacar adelante los Presupuestos, puede que tenga que ser modificada para recuperar las penas anteriores y garantizar, de verdad, ese mantra de la homologación con Bruselas que ha utilizado Moncloa para justificar la cesión en favor de los líderes secesionistas condenados.

A esto se refiere el PP en su proposición de ley, al recordar que el pasado 3 de mayo la Comisión Europea aprobó unapropuesta de Directiva con el objetivo de actualizar el marco jurídico de la UE en vigor en materia de lucha contra la corrupción.

Ese texto dedica su artículo 9 a la malversación, estableciendo que los Estados miembros deben realizar reformas en su legislación penal cuando eso sea necesario para que la malversación reproche penalmente, entre otras conductas, la apropiación o uso por parte de un funcionario público de bienes cuya administración vaya en contra de la finalidad para la que estaban destinados.