Tiempo para la contienda política. En realidad, ni tan siquiera durante los peores momentos de la última emergencia nacional que ha tenido lugar en nuestro país con los incendios de este aciago mes de agosto, que se han llevado por delante pueblos enteros y vidas humanas, los partidos políticos han sido capaces de bajar los decibelios. Pero ahora, que las llamas comienzan a dar tregua y la situación parece estar bajo control, se intensifica la lucha partidista y vuelan a toda velocidad los ataques cruzados entre el Gobierno y la oposición. Los unos y los otros se echan las competencias a la cabeza, con un PSOE decidido a forzar el desgaste del PP, porque la España autonómica, desde aquel arrase histórico del 28-M, está en sus manos. Como si Pedro Sánchez no fuera presidente del Gobierno y las cientos de miles de hectáreas calcinadas no fueran el paisaje del país que dirige.

En la disputa política, reducida a un simple «quién tiene la culpa», el PSOE enhebra su relato: «La ciudadanía es inteligente y sabe muy bien quién es el competente». En la gestión de los incendios, el pato gordo se lo lleva el PP. Y los presidentes autonómicos, añaden desde Ferraz, «habrá un momento en el que tendrán que rendir cuentas de lo que ha hecho cada uno». Así lo hará, para empezar, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, la región peor parada en esta oleada de fuegos y la que cortará la cinta del nuevo ciclo electoral en España. Dato clave que explica el ensañamiento de la izquierda con su figura política. Mucho antes de que la ignición quedara en pavesas, ya se habían convocado manifestaciones en su contra. Un guion cada vez más similar al de la DANA en la Comunidad Valenciana.

También sacaron las pancartas a la calle en Galicia, para protestar contra Alfonso Rueda. Con presencia ilustre, ya que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decidió sumarse a la protesta, aunque no visitó las zonas devastadas. En su día, fue la primera en desplazarse a las orillas de la costa gallega cuando unas bolitas diminutas de plástico, llamadas «pellets», cayeron a la mar. Entonces quedaban meses para las elecciones. Pero Sumar no sacó ni un escaño.

Desde que se originaron los primeros incendios, el Gobierno ha optado por el acoso y derribo contra el PP, personificada la estrategia primero en la figura de Óscar Puente, que optó por la chanza para ridiculizar a Mañueco. Tanto a él, como a Juanma Moreno, el ministro tuitero les quiso imputar la tardanza en acudir a las zonas afectadas, su intención era trazar un símil entre ellos y Mazón.

El presidente andaluz, cuyo gobierno sólo tuvo que gestionar un conato en Tarifa que rápidamente quedó sofocado, optó por no aparecer en ningún sitio. Después, se defendió: «No voy a ir a hacerme una foto. Intentamos ser serios y no estorbar. Estoy siempre pendiente y, cuando se pide mi presencia, soy el primero en estar».

Más tarde, quien optó por el combate con los presidentes de las regiones afectadas por los incendios ­fue Virginia Barcones, directora de Protección Civil, un puesto de la Administración que se presupone técnico, pero que hogaño ocupa quien hasta hace relativamente poco era vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León. En rueda de prensa, dijo que los barones populares pedían «imposibles», por todos los medios que reclamaban al Gobierno, y que «el dato mata algunos relatos». Unas palabras que causaron indignación en las filas populares. Fue el vicesecretario de Coordinación Local del partido, Elías Bendodo, quien, en términos metafóricos, la tachó de «pirómana».

A partir del lunes, el monte ennegrecido empezará a perder el foco y las cámaras se desplazarán hasta las Cortes generales y autonómicas. El martes, en el Congreso, se debatirán las distintas peticiones de comparecencia que ha registrado el PP. Ese mismo día, comenzará también el desfile de ministros en el Senado, forzado por los populares. La primera en acudir a la Cámara Alta será Margarita Robles, ministra de Defensa. Le seguirán: el miércoles, Sara Aagesen, vicepresidenta de Transición Ecológica; el jueves, Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, y el viernes, Luis Planas, de Agricultura.

Todo apunta a que el miércoles Mañueco hablará ante la cámara autonómica en una comparecencia forzada por todos los grupos, incluido Vox. El PSOE, de entrada, ha pedido abiertamente su dimisión. Quedan seis meses para que se celebre la cita con las urnas y, día de hoy, el principal elemento de desgaste que han encontrado los socialistas contra el candidato popular es su gestión en los incendios de este verano. El argumento es que no se ha aprovisionado de los medios suficientes ni ha invertido en prevención.

Entretanto, el martes se reanudará el curso político en el palacio de la Moncloa con el primer Consejo de Ministros tras el verano, que aprobará la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por los incendios. Pedro Sánchez, que tardó una semana en abandonar la Mareta para acudir al epicentro de la tragedia, y este viernes volvió a Asturias, ha tirado de agenda ideológica para responder a la emergencia. Así propuso una comisión interministerial que existe desde hace años para abordar un Pacto de Estado contra la emergencia climática que, de entrada, el PP rechaza, porque asegura que la mayoría de los incendios son provocados y porque piensa que uno de los causantes de la devastación forestal es, precisamente, el dogmatismo de la izquierda que ha provocado el abandono del campo.

Consciente de que el cambio climático es un elemento que moviliza en positivo a la izquierda y, también, en negativo, a la derecha a la derecha del PP, es decir, a Vox, Sánchez pretende insistir con su receta. El objetivo es asociar a Alberto Núñez Feijóo con el negacionismo medioambiental para, en última instancia, imputarle su parte de culpa en los incendios.