Puigdemont, rey del «lobby» económico gracias a Sánchez

En este juego del gato y el ratón en el que se han metido Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, para distraer con la ubicación y la fecha de sus encuentros bilaterales, salvo cambio de última hora el «delegado» del presidente del Gobierno, Santos Cerdán, asiste mañana a la primera reunión con verificador internacional –por parte de «una ONG especializada en pacificación»– que acordaron PSOE y Junts en el pacto de investidura.

Esta reunión clandestina la preside el fugado Carles Puigdemont, y le acompaña Jordi Turull, secretario general de Junts y uno de los principales negociadores con los «fontaneros» de Moncloa. Hay tres temas prioritarios: la amnistía, el pacto fiscal y que haya un gesto inmediato por parte del Gobierno de coalición que presione a las empresas catalanas que cambiaron su sede social con el «procés» y se fueron de Cataluña.

En las conversaciones que estos días Puigdemont está manteniendo con distintos perfiles de la política catalana, cuentan que se le ve «tranquilo», confiado en que domina la situación y decidido también a llevar hasta sus últimos extremos la batalla política y personal contra Oriol Junqueras.

Sánchez es el instrumento que los dos, Puigdemont y Junqueras, quieren utilizar para hacerse daño el uno al otro en la política catalana, y esto, en la práctica, es un combate a cara de perro por ver quién puede presumir de sacarle más al presidente del Gobierno y, además, quién lo vende mejor ante la opinión pública.

Puigdemont tiene una ventaja a su favor que es consecuencia directa de la normalización que ha hecho Sánchez de su situación para aprobar su investidura, sin importar que la amnistía no esté aún en vigor y que, por tanto, el expresidente de la Generalitat siga siendo un dirigente con cuentas pendientes con la Justicia española. Esta ventaja consiste en que le ha convertido en pieza clave, bien por la relevancia de sus siete escaños, bien por su capacidad de apretar al PSOE para que modifique su posición si quiere aguantar en Moncloa, en la defensa de determinados intereses económicos y empresariales, quitándole incluso la interlocución a ERC en los temas de la tierra, a pesar de que es quien preside la Generalitat.

Puigdemont está encima de esto, además de en forzar que se cumplan los pactos de investidura, y trabaja para conseguir ese reconocimiento de quienes dependen de él para revocar decisiones de Ada Colau o torcerle el pulso al programa de la izquierda. Que el Gobierno de coalición esté en manos de Puigdemont tiene consecuencias que trascienden incluso los acuerdos de investidura conocidos, porque colocan al expresidente en una posición preferente para ser el palo al que muchos están dispuestos a agarrarse para torcerle el brazo a ERC, a Yolanda Díaz o a la coalición de gobierno.

Puigdemont va contando que gracias a la investidura ha recuperado agenda, que está más solicitado y ha reactivado contactos perdidos: espera recuperar todavía muchos más por el poder que le ha otorgado el pacto con Sánchez. De andar por los pasillos de la Eurocámara prácticamente en situación de desahucio, hoy cree que tiene el control político, pero también de muchas decisiones económicas. Además, cuenta con la fuerza que le da su capacidad de romper el secreto sobre las conversaciones, pasadas y presentes, con los socialistas, en la medida que entiende que una vez que el PSOE ha entrado en la dinámica de defender la amnistía como un elemento de progreso para España, ya no tienen marcha atrás en aprobarla, ni siquiera aunque él apriete más en otros ámbitos.

Ayer, en una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno reconoció que el cambio de criterio sobre la amnistía se debió al resultado de las últimas elecciones generales, pero también vaticinó que igual que ocurrió con la ley del divorcio y la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, aquellos que se están hoy manifestando en las calles acabarán recordando aquel viejo dicho de «si te he visto no me acuerdo» porque va a ser «bueno para el país en términos de convivencia».

Eso sí, ni confirmó que la cita del PSOE y Junts vaya a ser en Ginebra ni desveló la identidad del verificador, aunque sí se conocerá «en algún momento la identidad de la persona que nos acompañará en este proceso de diálogo».

La verificación internacional, que supone ceder a la exigencia independentista, negada hasta hoy por el PSOE porque asume la demanda de plantear la situación en Cataluña como un conflicto entre dos Estados, pasa ahora, según el presidente, a ser un mecanismo necesario porque falta una confianza entre las dos partes, «que ojalá se pueda construir en el futuro». Respecto al «lawfare», otra exigencia del independentismo, su respuesta es que «se han instrumentalizadlo instituciones públicas de nuestro país, definitivamente».

Horas antes de la primera cita en Ginebra con Puigdemont, el de ayer fue un día negro para Moncloa. El TS anuló el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, la ex ministra socialista Magdalena Valerio. El Poder Judicial consideró que el fiscal general del Estado nombrado por Sánchez no es idóneo para el cargo. Israel retiró a su embajadora en España tras las nuevas críticas de Sánchez, que el país hebreo tachó de vergonzosas. El jefe del Ejecutivo destituyó al diplomático que criticó la amnistía a los políticos independentistas catalanes. El Tribunal de Cuentas desveló el descontrol de contratos en la fundación que preside la vicepresidenta Nadia Calviño. Repsol amenazó con llevarse a Francia o Portugal inversiones de 1.500 millones por la falta de seguridad jurídica y fiscal en España, y los ministerios de Trabajo y de Economía volvieron una vez más a enzarzarse con las políticas de empleo.