Por qué el Tribunal Supremo quiere retrasar la jubilación de sus magistrados a los 75 años

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha presentado una propuesta formal para elevar la edad de jubilación de sus magistrados desde los 72 años actuales hasta los 75 años. Esta iniciativa, plasmada en un informe dirigido al Consejo General del Poder Judicial al que ha tenido acceso El Periódico, argumenta la necesidad urgente de afrontar una situación excepcional que afecta a la planta judicial del alto tribunal.

El documento alerta sobre el envejecimiento masivo de la cúpula judicial, revelando que 65 magistrados -el 82% de la plantilla actual- alcanzará la edad de jubilación en menos de una década. Según las proyecciones, entre 2026 y 2035 se producirán jubilaciones escalonadas que afectarán desde cuatro magistrados el próximo año hasta doce en 2031, lo que supone un relevo generacional sin precedentes.

Justificación de la medida excepcional

La propuesta subraya que la reciente incorporación de "casi una tercera parte del total de la planta de magistrados" ha provocado "una intensa transformación del Alto Tribunal". El informe, cuyo ponente es el vicepresidente Dimitry Berberoff, explica que los nuevos magistrados necesitan "cierto periodo de tiempo" para alcanzar el "rendimiento pleno" requerido en unas resoluciones que exigen "grado de excelencia".

La ampliación de la edad de jubilación busca precisamente que los cambios de plantilla sean "escalonados" y no "abruptos", evitando así "distorsiones negativas" en el funcionamiento del tribunal. La medida pretende consolidar una plantilla estable que mantenga la homogeneidad necesaria para cumplir con su misión de conformar la jurisprudencia.

Consciente del impacto que tendría extender esta medida a toda la carrera judicial, la Sala de Gobierno propone circunscribirla exclusivamente al Tribunal Supremo, donde considera que resulta "absolutamente necesaria". El informe añade que para esta limitación "no se detecta impedimento jurídico alguno".

Complementariamente, la propuesta incluye la reinstauración de la figura del magistrado emérito, que también se aplicaría hasta los 75 años. Esta iniciativa busca aprovechar la experiencia de los juristas más veteranos mientras se garantiza la transición ordenada en la cúpula del poder judicial español.