«Querella catalana»

Es pública y notoria la situación de sobrecarga de trabajo en que se encuentra el Poder Judicial en España. Ello se debe a varios factores, entre los que destacan el insuficiente número de jueces y los obsoletos medios con que cuenta la Justicia. Pero cabría señalar que se plantean demasiados litigios innecesarios, bien por falta de otras alternativas más adecuadas, bien por desconocimiento de ellas, bien por usar los tribunales para fines espúreos, lo que en nuestro país se puede hacer sin apenas consecuencias.

Dentro de éste último grupo llamamos en el argot jurídico «querellas catalanas» a las denuncias que lejos de querer que se castigue a un delincuente, pretenden mediante la denuncia de un delito ficticio someter al denunciado a los inconvenientes del proceso penal que tal denuncia desencadena hasta que recae resolución que constata la inexistencia del delito. Se buscan ventajas en un proceso civil previo, presionar al deudor para que pague una deuda civil o enturbiar una previa denuncia penal interpuesta contra el querellante por un verdadero delito, entre otras finalidades.

Que los ciudadanos realicen en este tipo de conductas que entorpecen y sobrecargan inútilmente el funcionamiento de tribunales es censurable. Pero es un auténtico escándalo que incurra en este tipo de conductas el primer partido de la oposición, que ha estado además en el Gobierno muchos años, que debe conocer perfectamente la situación de la Justicia y que tiene asesoramiento jurídico más que suficiente para conocer la falta de fundamento de la denuncia.

No existe ni la sombra de una duda de que la conducta del ministro pueda encajar en alguno de los tipos castigados en nuestro Código Penal. La utilización por parte del PSOE del expediente de la «querella catalana» para aumentar el negativo eco mediático del comportamiento del ministro constituye también como mínimo una grave irresponsabilidad política. Eso, si no constituye un delito de denuncia falsa.

La Justicia en este caso ha dado una respuesta rápida archivando una denuncia sin fundamento. Cabría exigir que fuera igualmente diligente investigando si esta denuncia es constitutiva de delito. Aunque desde luego la sanción en todo caso sería mínima, que es precisamente lo que favorece este tipo de conductas contra la Administración Justicia.

* Magistrado. Presidente de Foro Judicial Independiente