Dos organizaciones internacionales han presentado una querella ante la Audiencia Nacional en la que acusan a la filial española Huawei de haber colaborado en el genocidio contra la minoría uigur en la región autónoma china de Xinjiang.

El Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress, WUC) y Don’t Fund Russian Army (DFRA) piden a los Juzgados Centrales de Instrucción que indaguen en si la tecnológica de China ejerció de colaborador en otros crímenes de lesa humanidad contra el citado grupo poblaciones.

La querella detalla además la relación de estas corporaciones con filiales operativas en España -con sedes en Madrid, Alcobendas y Tres Cantos- que podrían haber intervenido en la canalización comercial y financiera de los sistemas tecnológicos empleados en la represión.

Entre las diligencias solicitadas figuran informes periciales de organismos públicos españoles, requerimientos de documentación al Centro Nacional de Inteligencia y a la Agencia Tributaria, y la declaración de las sociedades y de sus representantes legales en calidad de investigados.

La acción judicial, liderada por el despacho Soriano i Piqueras se apoya en el principio de jurisdicción universal que prevé nuestra legislación en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Defiende que estos actos que atribuyen a Huawei habrían afectado a "bienes jurídicos esenciales reconocidos por la comunidad internacional" y, en este sentido, la compañía habría "contribuido de manera decisiva al sostenimiento tecnológico del aparato represivo" del Estado de Xi Jinping.

Ambas entidades quieren actuar en España, en calidad de acusación popular, con la finalidad de promover una investigación penal exhaustiva sobre la participación de esta empresa tecnológica y otras dos (Hikvision y Dahua Technology), también chinas, en las políticas de represión y control poblacional que desde 2014 han derivado en internamientos masivos, trabajos forzados y vigilancia digital intensiva sobre el pueblo uigur.

Según la documentación aportada en la AN, las empresas querelladas "habrían participado en contratos de colaboración público-privada con el Gobierno chino por valor de más de mil millones de dólares, destinados a la instalación de redes de cámaras, algoritmos de detección étnica y sistemas de control biométrico en los denominados centros de reeducación y en áreas urbanas de Xinjiang".