El rearme exigirá recortar gasto o subir impuestos

Una vez más, el discurso oficial del Gobierno no coincide con lo que dicen los informes con escenarios y prospecciones que están en su mesa de trabajo. El plan diseñado por la UE para financiar el aumento de gasto en defensa se sostiene en los Presupuestos de cada uno de los Estados miembro, y esto implica consecuencias individuales de las que ningún gobierno puede librarse. El marco no tiene nada que ver con el que se acordó en pandemia.

El plan europeo, para movilizar 800 mil millones de euros en cuatro años, tiene como prioridad que todos los países ejecuten un aumento de la inversión militar en el menor plazo posible. Las reglas fiscales se flexibilizan, pero siguen activas. Los gobiernos pueden solicitar, por tanto, que se flexibilice su límite de déficit público, pero será siempre temporal y con condiciones. Para que un país pueda superar el límite de déficit del 3% del PIB, con la justificación del gasto en defensa, tiene que cumplir dos exigencias, que ese incremento de gasto no supere el 1,5% del PIB por año, y que no suponga un riesgo para la sostenibilidad a medio plazo de la deuda.

En la pandemia, el maná de los fondos europeos fue barra libre. Ahora, sin embargo, la flexibilización del déficit no es automática. Hay que solicitarlo a la Comisión Europea, que será quien valore y remita un informe al Consejo para dar su aprobación final. A estas trabas se une la citada condicionalidad temporal, ya que la salvaguarda dura cuatro años, con posibilidad de prórroga: la UE exige una transición muy rápida hacia unos Presupuestos nacionales en los que el incremento del gasto militar sea estructural.

En este contexto, la pregunta inevitable es ¿cómo puede el Gobierno español justificar ante la Comisión que sigue funcionando con unos Presupuestos prorrogados de la pasada Legislatura y que no tiene perspectiva viable de poder aprobar unos nuevos ni a medio ni a largo plazo? La retórica oficial ha empezado ya a intentar distraer la atención con el mensaje de que trabajan en los Presupuestos del 26, pero no hay ministro que ignore que la relación con los socios no mejorará en los próximos meses ni tampoco variarán los obstáculos que han hecho imposible un acuerdo para el 25.

No activarán el botón de las elecciones

Las elecciones en Castilla y León son a principios del año que viene. Después del verano, las maquinarias de los partidos empezarán a mirar a ese nuevo examen electoral. En realidad, los socios a derecha y a izquierda ya están en ese modo electoral porque entienden que la descomposición del Gobierno de coalición es irreversible. No activarán el botón de elecciones, pero ya sólo calentarán el banquillo para salir en la mejor forma física a las urnas.

Los "papeles" con los que trabajan en el Gobierno tienen en cuenta otra cosa que no reconocen en público. Es verdad que España cuenta a su favor con un sólido crecimiento económico, pero, si a la vez se tiene que seguir reduciendo la ratio deuda/PIB, el margen sería alrededor de un punto por debajo del 1,5% del PIB que teóricamente podría deducirse de la flexibilidad aceptada en las reglas fiscales.

Por intensa que sea la ingeniería financiera para encajar ese sudoku que consiste en desviar al gasto en defensa fondos de otras partidas que no han sido ejecutadas, España es uno de los países con un gasto más bajo según los datos de la OTAN, un 1,3% del PIB en 2024. Y todo lo que ya está acordado en la Unión es base suficiente para que los técnicos ya anden alertando de que no cuadra alcanzar el 2% ni en un año ni en dos sin recortar gasto o subir impuestos.