Recurren que la Universidad de Barcelona prohibiese una charla del cura Custodio Ballester

Abogados Cristianos ha interpuesto un recurso de alzada, en representación de la asociación estudiantil "Estudiants Pel Canvi", después de que la Universidad de Barcelona (UB) haya prohibido la celebración de una conferencia académica en la que estaba previsto que interviniese el sacerdote Custodio Ballester.

El acto, titulado "Actualidad jurídica: Análisis de la jurisprudencia sobre los delitos de odio", estaba programado para el próximo 4 de diciembre en la Facultad de Derecho de la UB.

La Secretaría de la Facultad comunicó la denegación argumentando que "el perfil y la trayectoria de los ponentes no se ajustan a los valores y principios" del centro universitario público.

En el recurso, la fundación sostiene que la decisión carece de motivación objetiva y vulnera derechos fundamentales recogidos tanto en la Constitución como en los Estatutos de la propia UB. Como apunta a quea son la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho de los estudiantes a organizar actividades universitarias.

Desde Estudiants Pel Canvi señalan, además, que esta es la cuarta ocasión en la que se les deniega la reserva de un aula para organizar actividades, lo que consideran un "patrón de discriminación" que afecta directamente al pluralismo ideológico en la universidad pública.

Abogados Cristianos advierte que, si el Rectorado no revierte la decisión, estudiará acudir en los tribunales a la vía contencioso-administrativa para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los estudiantes universitarios.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha declarado que "permiten actos de las juventudes socialistas y de organizaciones feministas y prohíben una charla de un sacerdote perseguido. Es censura, discriminación y una clara vulneración del deber de neutralidad de las instituciones públicas".

Absuelto de islamofobia

Este padre fue absuelto en octubre del delito de islamofobia por el fue juzgado y por el que la Fiscalía llegó a pedir tres años de prisión.

La Audiencia Provincial de Málaga le dio la razón y resolvió que las declaraciones por las que acabó en el banquillo están protegidas por el ejercicio legítimo de su libertad de expresión.

Concretamente, había defendido que el islam radical quiere destruir la civilización occidental, que en las mezquitas españolas se predica el exterminio del infiel y que la inmigración ilegal acaba provocando una sustitución de la población europea.