El día que el Príncipe escuchó «el modelo Prim»

No cabe duda de que una de las cuestiones más peliagudas para el Gobierno, y para el propio Jefe del Estado –el futuro Rey Felipe VI– en los próximos meses, va a ser el tema de Cataluña. Pues encabezando a los independentistas, el presidente de la Generalidad, Artur Mas, avanza de forma que parece decidida hacia una consulta popular el 9 de noviembre. En la que se plantearía un juego de dos preguntas –tantas veces criticadas por su malicia manifiesta–, en abierta ilegalidad con lo que previene la Constitución.

Las posturas ante el problema catalán de nuestro tiempo –que con mayor o menor virulencia existe desde 1412, cuando el Conde de Urgel se sublevó contra Fernando I, designado rey por el Compromiso de Caspe–, van desde la que protagoniza Mariano Rajoy, de aplicar la Constitución a palo seco, a aceptar la independencia como algo inevitable, con una posibilidad más allá de las dos anteriores, de encontrar una solución. Es lo que tiende a llamarse la «tercera vía»; nombre que al autor de estas líneas no le gusta nada, porque más que tercera o enésima vía, constituye la única solución posible: encontrar un nuevo esquema territorial español, en el que Cataluña tenga la posibilidad de potenciar sus grandes capacidades dentro de España con nuevos impulsos.

El futuro Felipe VI es muy sensible al tema que nos ocupa. Y así me consta, entre otras manifestaciones, por lo que pudimos hablar personalmente en el Monasterio de Poblet el 26 de febrero de este año. Cuando el todavía Príncipe de Asturias actuó como Primer Patrono de la «Sociedad del Bicentenario del General Prim» (que preside Pau Roca) y que se reunió expresamente en el formidable conjunto monumental de Poblet; que como se sabe es el gran mausoleo de los reyes de la Corona de Aragón.

En ese encuentro, me permití exponer, en presencia del Príncipe y de los colegas del Bicentenario, lo que llamé el «Modelo Prim». Del que los lectores de LA RAZÓN tienen buen conocimiento, pues el día 28 de febrero publiqué un artículo en estas páginas sobre el referido tema.

En la hora presente ¿qué cabría recomendar al nuevo Jefe del Estado en cuanto a su papel de moderar las instituciones, en la línea de que se alcance un acuerdo para superar el problema catalán en su actual contextura? Yo creo que además de recordar, matizando, que la soberanía nacional es única, y que el derecho a decidir, por consiguiente, no puede ser sino el de todos los españoles, habría de plantearse un nuevo escenario territorial. En el que hubiera fórmulas económicas y políticas para que los catalanes pudieran encontrarse a satisfacción siguiendo dentro de España.

En mi libro «¿Adónde vas, Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista» (Editorial Península) he hecho algunas propuestas en el sentido indicado. Desde el enfoque económico planteando, ante todo, la posibilidad de una agencia tributaria de carácter federal. Es decir, que en vez de haber una sola del Estado, o 17+2 de las CC AA, hubiera un solo órgano nacional de carácter estatal y al propio tiempo con la participación de todos espacios autonómicos de España. Con lo cual se ganaría en corresponsabilidad fiscal, y a no dudarlo, se conseguiría una mayor capilaridad; y por lo tanto luchar mejor, todos juntos, contra la evasión fiscal.

Una segunda medida consistiría en federalizar la deuda pública de las CC AA análogamente a como se hizo en 1790, cuando el secretario del Tesoro Alexander Hamilton, decidió que con su enorme deuda, los 13 estados de la nueva Unión Norteamericana no podrían salir adelante, por los gastos realizados durante la Guerra de Independencia, y en los primeros tiempos de emancipación.

Nuestras 17+2 CC AA no acaban de salir de ninguna guerra, pero sí están aún en una crisis que se inició en 2008, y que les ha hecho llegar a niveles de endeudamiento impresionantes. En Cataluña, concretamente, unos 70.000 millones de euros, equivalentes a un tercio de su PIB. Se trataría, pues, de aliviar esa inmensa carga, reduciendo la deuda viva a un porcentaje razonable (de no más del 10 por 100), para convertir el resto en deuda a muy largo plazo; o incluso perpetua, a muy bajo interés, con carácter global del Estado español.

La tercera cuestión sería suprimir del sistema de financiación autonómica los fondos especiales que actualmente existen; entre ellos, los destinados a instrumentar la solidaridad interregional. Con un nuevo mecanismo de financiación autonómica en el que no hubiera tales transferencias. Pues lo que debe financiarse con ese sistema son educación, sanidad, justicia, y otros servicios y prestaciones sociales. En tanto que el tema de la solidaridad debería pasar por entero al «Fondo de Compensación Interterritorial», del actual artículo 82 semiolvidado de la Constitución. Con una limitación, como sucede en Alemania, de un máximo del 4 por 100 del PIB en cuanto a solidaridad de las CC AA que pagan más que reciben del Estado. Además de todo lo anterior, cabe reflexionar sobre el hecho de que Cataluña dispone de una ciudad excepcional, Barcelona. Que bien merece ser la sede de ciertos organismos del Estado español. Y me referiría aquí concretamente al Senado, para instalar allí su sede; previa una reforma del mismo, a fin de hacerlo realmente operativo.

Y dentro de estas reflexiones, o «pensar en voz alta», yo plantearía incluso un nuevo Ministerio de Cuestiones Territoriales, que dentro del Gobierno siguiera con especial atención los problemas de las 17+2 comunidades. Para superar más fácilmente los conflictos que puedan presentarse.

Aparte de todo lo anterior, podría irse a una revisión del Estatuto de Cataluña, con un nuevo enfoque mucho más abierto que el que tuvo la Comisión Constitucional del Congreso en 2006. A lo que siguió la célebre y desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional que –después de un referéndum catalán ad hoc–, recortó el texto salido del Parlamento nacional.

En esa dirección, yo creo que es la hora de reconocer que España –y así lo digo en mi libro «Introducción a la Constitución Española»– es una nación de naciones. Y que una vez admitida en la Constitución del 78 el término de nacionalidades, no hay por qué resistirse por más tiempo a considerar, que si así lo desea la mayoría, podría hablarse de una nación catalana. Incluso vasca, y también gallega, siempre dentro de la globalidad de la Nación Española. Por la sencilla razón de que empecinarse en debates terminológicos, no conduce sino a «choques de trenes» que deleitan a algunos exacerbados secesionistas; a los que no debemos dar argumentos para cambiar la idea de una España de todos y para todos.

Son algunas reflexiones que desde aquí ofrezco al futuro Rey de España, creo que desde el sentido de la razón. Y desde un periódico que precisamente se titula con ese mismo concepto.