El TC resolverá sobre la amnistía "lo antes posible"

El Tribunal Constitucional (TC) pisa el acelerador para resolver los recursos contra la Ley de Amnistía cuanto antes. Fuentes de la corte de garantías señalan que la intención del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, es pronunciarse sobre la polémica ley «lo antes posible», lo que previsiblemente sucederá antes del verano. Otras fuentes del Constitucional hilan más fino y apuntan que la decisión –que mantiene en vilo el apoyo a los Presupuestos de los socios independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez– puede conocerse incluso «antes de junio». Será el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la Ley de Amnistía el primero en resolverse y el que a continuación, por aplicación de doctrina, se aplicará a los recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por el Ejecutivo castellanomanchego de Emiliano García-Page. Y, en menor medida, también a las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Una vez apartado el magistrado conservador José María Macías (en quien había recaído la elaboración del borrador de la sentencia), la ponencia fue asignada por Conde-Pumpido el pasado enero a la vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, «a quien por turno corresponde». Sin embargo, magistrados conservadores cuestionan ese reparto dado que, subrayan, ese supuesto no está regulado por ley.

Holgada mayoría progresista

A día de hoy, los letrados del TC comisionados por Montalbán continúan elaborando ese borrador que puede estar listo en abril y que previsiblemente avalará la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, una propuesta sobre la que tendrá que pronunciarse el Pleno, de holgada mayoría progresista (6-4), y del que no formarán parte ni el exministro Juan Carlos Campo (que optó por abstenerse por haberse mostrado en contra de la medida de gracia en la tramitación de los indultos del «procés») ni el propio Macías, tras la recusación de la Abogacía del Estado que fue aceptada por el Pleno con el voto en contra de los magistrados conservadores.

Sin embargo, en cuanto a los recursos de amparo (a los de los condenados del "procés" se unirán en breve los que planteen Puigdemont y los exconsellers fugados a los que el juez Pablo Llarena también se niega a aplicar la amnistía respecto al delito de malversación) ni Campo ni Macías se han abstenido, aunque este último sí ha sido recusado por la Abogacía del Estado. Tampoco se ha apartado Conde-Pumpido, pese a que sí decidió abstenerse en los recursos contra la sentencia del "procés" por haberse pronunciado en una conferencia en contra del desafío soberanista en Cataluña.

El recurso del PP

El PP asegura en su recurso contra la ley que la Constitución "no hace mención alguna a la amnistía" y que la medida de gracia "invade el espacio constitucionalmente reservado" al Poder Judicial. Para los populares la ley es "claramente inconstitucional" y recuerdan que así lo "reconoció expresamente y por escrito" el Gobierno» en los expedientes de los indultos del "procés". "Vulnera frontalmente derechos y principios estructurales del Estado democrático y de Derecho", defiende el PP, que pone de relieve en su recurso que el Poder Legislativo no puede "impedir a los jueces y tribunales enjuiciar actos que, con carácter general, se siguen considerando delictivos o ejecutar las correspondientes sentencias condenatorias". Eso supone, denuncia, "crear espacios singulares de inmunidad o de ausencia de jurisdicción, sin que exista una habilitación constitucional para tan intensa derogación de la división de poderes".

La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo sostiene que la norma vulnera, entre otros, el principio de igualdad porque "supone que personas que incurren en los mismos tipos delictivos, sin embargo, reciben un trato normativo radicalmente diferenciado" en función de si los hechos se han cometido o no en el marco del proceso soberanista en Cataluña. Consagra así, se queja el PP, "un ámbito de inmunidad penal que se aplica a determinadas personas; mientras la generalidad de la ciudadanía queda sometida a los tipos penales tipificados en el Código Penal".

Del mismo modo, añade, la Ley de Amnistía infringe tanto el derecho a la tutela judicial efectiva como el principio de legalidad penal, que excluye las "leyes singulares" que suponen "la creación de un privilegio personal de impunidad, contradictorio con la generalidad del derecho penal".

El PP recuerda que hasta las elecciones generales del 23J del pasado año "existía un consenso prácticamente generalizado sobre la inconstitucionalidad de la amnistía". Hasta el punto de que, subraya, el Código Penal "había eliminado la amnistía como forma de extinción de la responsabilidad criminal".