Roca se enfrenta a 8 años de cárcel y Julián Muñoz a 4 en el caso Goldfinger

El presunto cerebro del caso Malaya contra la corrupción, Juan Antonio Roca, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz se enfrentarán en el caso Goldfinger -ligado a la recalificación de la parcela en la que el actor Sean Connery tenía su casa- a penas de ocho años y cuatro de cárcel, respectivamente.

Roca está acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio, un delito continuado de fraude y cohecho pasivo y también se le piden siete millones de euros de multa e inhabilitación durante veinte años, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

A Julián Muñoz se le piden dieciocho años de inhabilitación y se le imputa por un delito continuado de fraude y dos contra la ordenación del territorio.

En el banquillo de los acusados se sentarán un total de dieciséis personas, entre ellos algunos integrantes del despacho de abogados "Díaz-Bastién Truan Abogados", encargados de defender los intereses económicos de Sean Connery en España, y exconcejales del GIL.

Durante la instrucción el juez quiso tomar declaración en varias ocasiones al actor y su esposa, en calidad de imputados, aunque éstos alegaron motivos de salud y problemas derivados de la edad para no acudir a la cita y, al final el fiscal no ha pedido la imputación de los mismos.

El fiscal se remonta en su escrito acusatorio a la etapa en la que el fallecido Jesús Gil fue alcalde de Marbella y lo acusa de crear un entramado de sociedades municipales que le "permitían eludir la normativa administrativa vigente".

Gil, "en el reparto de papeles", puso a Julián Muñoz de primer teniente de alcalde y, posteriormente, tras ser condenado Gil en el caso Camisetas, Muñoz pasó a ser alcalde.

Tras un repaso de los primeros años de gobierno de Gil en Marbella, el fiscal acusa a Roca de "controlar"toda la actuación urbanística de la localidad y "de gestionar, negociar y controlar"todos los convenios para generar un mayor aprovechamiento urbanístico del suelo, con el consiguiente beneficio para los empresarios y él "lucrarse económicamente".

En el caso concreto de Goldfinger, la acusación pública considera que tanto Muñoz como Roca fueron "plenamente conscientes de su manifiesta ilegalidad"y que aprobaron el proyecto inmobiliario pese a la contrariedad de la normativa urbanística.

La investigación se centra en la recalificación de la parcela donde estaba el chalé Malibú de Sean Connery, en el que el actor y su esposa pasaron sus vacaciones hasta 1999, y sobre la que hoy hay 72 apartamentos de lujo en un edificio de cuatro alturas que se terminó entre 2004 y 2005.

En un principio "Malibú SA"era una sociedad patrimonial utilizada únicamente por el matrimonio Connery para la tenencia de su chalé en Marbella, la casa Malibú.

Pero el fiscal considera que los distintos convenios suscritos con el Ayuntamiento de Marbella con las entidades "Malibú"y "By the Sea"no fueron aprobados por órgano municipal alguno, por lo que se concluye que carecían de virtualidad jurídica.

Supuestamente como contrapartida, a Roca, por la gestión de los diferentes convenios de esta promoción inmobiliaria, situada en una zona privilegiada de Marbella, y la obtención de las licencias necesarias para la misma, se le quiso pagar con la entrega de dos apartamentos en el conjunto Malibú.

Aunque la posterior detención de Roca en el marco de la operación Malaya, en marzo de 2006, "truncó la disponibilidad de los apartamentos por parte de dicho acusado, impidiendo la efectividad de lo acordado", siempre según la versión del fiscal.