Ruiz-Gallardón: «Si no me sintiera respaldado por Rajoy ya habría dimitido»

Le han intentado colocar detrás de una conspiración contra el presidente y enfrentarle a sus compañeros en el Consejo de Gobierno, pero él lo tiene claro: su única aspiración política pasa por apoyar a Rajoy

Le han intentado colocar detrás de una conspiración contra el presidente y enfrentarle a sus compañeros en el Consejo de Gobierno, pero él lo tiene claro: su única aspiración política pasa por apoyar a Rajoy

–¿Hasta cuándo puede el Gobierno aguantar el desgaste de las presiones y filtraciones de Luis Bárcenas?

–El Gobierno ha hecho en el «caso Bárcenas» lo que tenía que hacer: dejar que las instituciones y los organismos del Estado hagan su trabajo sin injerencias políticas de ningún tipo. La Agencia Tributaria y la UDEF han hecho las investigaciones que tenían que hacer sin que desde los ministerios de los que dependen se les haya dado ninguna instrucción partidista y la Fiscalía ha actuado con la autonomía que le corresponde, de acuerdo a derecho y no a intereses de partido. Ésa es la fortaleza de Mariano Rajoy.

–Si la gestión ha sido la correcta, ¿entonces por qué el coste ante la opinión pública está siendo tan alto?

–Los ciudadanos se ven directamente afectados por una situación económica complicada, en la que todos, en el sector público y privado, están teniendo que hacer sacrificios. Y es lógico que les moleste que alguien que trabaja para un partido esté bajo sospecha por haberse podido apropiar de dinero ajeno. Pero los 48 millones de las cuentas suizas no son de ningún miembro del Gobierno, son propiedad de alguien que está en estos momentos en Soto del Real.

–¿Usted ha percibido presiones o intentos de chantaje en el plano judicial? ¿Se siente chantajeado?

–Mariano Rajoy fue muy claro el lunes pasado en Moncloa cuando dijo que «el Estado de Derecho no se somete a chantaje». Es evidente que el Gobierno tampoco.

–¿Por qué cree que Bárcenas ha colocado al presidente del Gobierno en el centro de la diana?

–Imagino que pensó que, por el hecho de haber pertenecido al mismo partido político, el presidente pondría las instituciones públicas a su servicio y no, como ha quedado demostrado, al servicio del interés general. Lo cual evidencia que no entendió en qué clase de partido trabajaba y que, además, no conocía en absoluto a Mariano Rajoy.

–¿Y usted entiende los SMS que hasta este año se ha estado intercambiando con el presidente del Gobierno?

–Esos mensajes son de momentos muy distintos del proceso judicial y cualquiera que conozca al presidente del Gobierno sabe que no se puede interpretar complicidad alguna en aquellos que corresponden a los meses posteriores a la reapertura del caso.

–¿Comparte la tesis de quienes denuncian una operación de desestabilización de Rajoy con apoyo mediático y de algún sector del partido?

–Allá quienes quieran embarcarse en una aventura así; está abocada al fracaso. Porque el presidente tiene una mayoría parlamentaria que garantiza su estabilidad, y tanto los miembros del Consejo de Ministros como los diputados y senadores del Grupo Popular, estamos trabajando para que el Gobierno, con Rajoy a la cabeza, saque adelante sus proyectos. No hay operación que pueda modificar esa mayoría que él ha conseguido.

–Han llegado a decir que en el Gobierno están molestos con usted por la gestión judicial del caso que ha llevado al ex tesorero a la cárcel.

–La gestión, como usted lo llama, del «caso Bárcenas» está y debe estar en los tribunales. El juez es el responsable de las decisiones finales que afecten a Bárcenas y los fiscales actúan conforme a derecho y no en interés de un partido político. Pensar que el ministro de Justicia debe interferir en un asunto judicial es no creer en el Estado de Derecho. Es más: es no saber qué país es éste, ni cómo funcionan sus instituciones. Sólo desde una percepción de la realidad muy deteriorada se puede pensar algo así. Rajoy lo dijo muy claramente: somos una democracia seria.

–Entre las preguntas que se hace la opinión pública está la de por qué han tardado tanto en romper con Bárcenas.

–El señor Bárcenas fue imputado en 2009 por su presunta implicación en la trama Gürtel y a los pocos meses, en abril de 2010, el Partido Popular rompió con él cuando al levantarse el secreto de sumario él mismo solicitó su baja como militante en el partido y renunció a su acta de senador por el partido. Más de un año después, en julio de 2011, el juez Antonio Pedreira archivó la causa contra él. Con estos hechos sobre la mesa, aun habiéndose distanciado ya de Bárcenas, es lógico pensar que en el partido se defendiera su inocencia tras el auto de sobreseimiento de Pedreira. Esa presunción de inocencia que debe primar en un Estado de Derecho es la razón por la que se mantuvo posteriormente una relación laboral con él, que quedó definitivamente rota cuando las nuevas investigaciones judiciales apuntaron a la comisión de hechos delictivos.

–¿Sostendría que ha engañado al partido y a los donantes?

–Entenderá que con una investigación abierta, el Gobierno, y menos aún yo, como ministro de Justicia, pueda pronunciarse sobre ese extremo. Eso es, precisamente, lo que deberá determinar la Audiencia Nacional cuando acabe la instrucción del procedimiento que tiene abierto contra esa persona.

–¿Pero usted qué cree que hay detrás de Bárcenas?

–Lo que hay detrás de Bárcenas es una base de más de 800.000 militantes del partido al que él perteneció, profundamente decepcionada. Y, por supuesto, las responsabilidades que determine el tribunal.

–¿Usted no ha cobrado sobresueldos?

–No. Nunca he cobrado en «B» y todas mis remuneraciones han sido las que me correspondían por mis distintas responsabilidades, políticas, administrativas o dentro del partido. Es decir, como senador y portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, como presidente de la Comunidad de Madrid, como alcalde o ahora como ministro. Además, como diputado, mi declaración de bienes es pública.

–¿Podría sostener que dentro del partido no se han repartido sobresueldos en negro para nadie?

–Nunca he visto que eso se produjera. Si a mí, que llevo más de veinte años en el partido, nunca me han ofrecido una cosa así, no tengo ninguna razón para creer que a nadie se lo hayan propuesto.

–¿Y también descarta que haya habido financiación irregular en su partido?

–Creo firmemente en la integridad del Partido Popular. Algo que, por cierto, no pueden decir otros partidos como el PSOE, cuya financiación irregular quedó expuesta en la sentencia que dictó el Tribunal Supremo por el «caso Filesa».

–Por cierto, ¿cómo valora la actuación del juez Ruz en este procedimiento? ¿Es partidario de que siga como juez de apoyo?

–El Gobierno está comprometido a facilitar a la Audiencia Nacional todos los apoyos necesarios para que los casos de corrupción sean adecuadamente atendidos.

–¿Se siente plenamente respaldado como ministro de Justicia?

–Si no me sintiera respaldado al frente del Ministerio de Justicia, ya habría presentado mi dimisión. La sintonía y la coincidencia con el presidente Rajoy y con el resto del equipo de Gobierno es total. Las reformas que hemos llevado al Congreso se han aprobado por amplia mayoría. Y siempre me verá defendiendo la labor de jueces, fiscales y de todos los operadores jurídicos.

–Y en 2015, si Rajoy no se presenta a las siguientes elecciones, ¿usted se plantearía optar al liderazgo del partido?

–El liderazgo de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular es firme e incuestionable. El presidente del Gobierno es y seguirá siendo por mucho tiempo un referente político, pero también un referente ético y nadie que desee estabilidad y progreso para España contempla la posibilidad de que Mariano Rajoy no se presente a la reelección en 2015. En cualquier caso, será él mismo quien decida si renueva su candidatura. Y si decide no hacerlo, yo ya he dicho varias veces que mi carrera política se agota el día en que Mariano Rajoy abandone la política o bien decida mi relevo en el Consejo de Ministros. No albergo ninguna expectativa de suceder a Rajoy en ninguna de sus responsabilidades.

–Cambiando de tercio, ¿cuándo se aprobará la Ley del Aborto?

–Se trata de un compromiso que el PP llevaba en su programa electoral para reformar una norma que el PSOE decidió aprobar sin consenso, sin contemplarlo siquiera en su programa y que, como ya he dicho, podríamos presentar para el ecuador de esta Legislatura. Pero hay gran cantidad de proyectos importantes que tenemos que sacar adelante para reestructurar el funcionamiento de este país y así avanzar en la mejora de la situación económica. Será, por tanto, el Consejo de Ministros el que decida cuál es el calendario. La intención es aprobarla dentro de tres meses, aunque en último término será el Consejo de Ministros el que decidirá.

–¿Habrá cambios en la redacción ya anunciada? Por ejemplo, en lo que afecta a la malformación del feto, una de las cuestiones más polémicas.

–La verdad es que aún no hemos dado a conocer públicamente ni una línea del texto. Solo hemos hablado, hasta ahora, de las bases sobre las que hemos trabajado para la redacción del anteproyecto que, como sabe, se inspira en las tres sentencias del Tribunal Constitucional, en el programa electoral con el que el PP concurrió a las pasadas elecciones y en el recurso que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interpuso contra la Ley del Aborto de Zapatero en 2010. Ahí están los fundamentos sobre los que hemos trabajado y me permitirá que, en cuanto a los detalles de la redacción, sea el Consejo de Ministros el primero en conocer la propuesta definitiva.

–¿Qué le queda por hacer en Justicia?

–Nos faltan por presentar algunas de las reformas de mayor calado y con mayor vocación de continuidad en el tiempo. Para empezar, la reforma del Código Penal, que está a punto de entrar en el Consejo de Ministros después de que hayamos atendido algunas de las sugerencias que nos han hecho llegar desde el CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. También nos hemos comprometido a elevar al Consejo de Ministros el próximo otoño la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta, que modificarán el mapa judicial español y su estructura para pasar de un esquema propio de una sociedad agraria de la España del XIX a un modelo moderno y más eficaz. Y, por último, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que los expertos que han trabajado en ella sugieren rebautizar como Código Procesal Penal, y que redefinirá, por ejemplo, el papel del fiscal en la instrucción.

–¿Cómo valora las críticas que está recibiendo? Entre ellas, la de que no ha despolitizado el sistema y la de que no han cumplido su programa electoral.

–Cuando llegamos al Gobierno se hizo evidente que la prioridad principal era impulsar políticas de Estado que doten a España de la estabilidad que precisa, y que lo hiciera de modo duradero. Por eso diseñamos una reforma del órgano de gobierno de los jueces que recogiera algunos de los planteamientos de la oposición, para que no fuera únicamente la ley del Partido Popular, ni tampoco, obviamente, la ley de la izquierda. Queríamos que fuera una ley de todos, que no tuviera que ser modificada cada vez que haya un cambio de gobierno. Ahora ocurre que el principal partido de la oposición, el PSOE, le da la espalda a ese planteamiento de consenso, de responsabilidad nacional, por cuestiones que nada tienen que ver con esta reforma, sino con sus presiones internas para no llegar a acuerdos con el Gobierno para intentar desestabilizarlo. Pero lo cierto es que esa concesión que hicimos a la oposición de que los jueces continuaran siendo elegidos por las Cámaras no ha sido criticada por los distintos grupos. Solo uno se ha opuesto a eso, y no es un partido de gobierno. Así que hay en todo esto una gran paradoja.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO

–¿Cuándo espera que se pueda renovar?

–Cuando vence el mandato, en septiembre de este año. Estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios estarán a la altura y de que España no volverá a pasar por el bochorno de la falta de cumplimiento de los deberes constitucionales.