Sánchez abusa de la vía de urgencia en las leyes para frenar los cambios de PP y Junts en el Senado

Pedro Sánchez, sin disimulo, ha demostrado siempre su voluntad por ignorar al PP: ni quiere negociar asuntos tan sensibles como el gasto militar ni pretende dar espacio de poder al Senado, como ocurre en la tramitación de los proyectos de ley del Gobierno. Así, de los 48 proyectos de ley que ha enviado el Gobierno a las Cortes hasta ahora, en tan solo 13 se ha solicitado la tramitación por el cauce ordinario. En todo el resto de proyectos legislativos, que son 35, se ha activado la tramitación por la vía de urgencia, lo que significa que el Senado, que está controlado por el PP, tan solo tiene 20 días para pronunciarse en vez de los dos meses de plazo que da la vía ordinaria. Con esta vía «excepcional», Sánchez reduce las posibilidades de pacto entre el PP y Junts para alterar sus textos legislativos.

No cabe olvidar que varias leyes del Gobierno han sufrido cambios en el Senado por acuerdos de PP y Junts: el ejemplo más notorio fue la reforma fiscal, aunque esta misma semana se introdujo una enmienda en la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Y eso castiga luego al PSOE y a Sánchez ya que esos cambios que apoyan PP y Junts en las leyes que llegan del Congreso, luego acaban en el BOE contra la voluntad del Gobierno. Sí que hay que veces que Moncloa puede detener los cambios que introducen PP y Junts, como con la supresión del impuesto a la generación eléctrica que ahorraba 1.000 millones de euros a los ciudadanos porque estaba todavía en Comisión en el Congreso, pero si las leyes ya vienen del Senado, se hace casi inviable.

Con la tramitación de las leyes por la vía de urgencia, se acortan los plazos y eso da al PP y, sobre todo, a Junts menos capacidad de reacción en el Senado ya que solo tienen 20 días. Los posconvergentes, que son un grupo pequeño (cuatro senadores), tienen menos recursos para estudiar las leyes y eso también acaba limitando sus posibilidades de enmiendas.

Tal y como recoge el Reglamento del Senado, los proyectos de ley del Gobierno se pueden tramitar por el procedimiento ordinario, lo que permite a la Cámara Alta retener la ley durante dos meses para introducir enmiendas al texto que proviene del Congreso o vetarlo directamente; o, por el procedimiento de urgencia, donde ese plazo pasa a ser tan solo de 20 días. El procedimiento ordinario, como su propio nombre indica, se aplica siempre por defecto, aunque el Gobierno está invirtiendo esa circunstancia y está convirtiendo la vía de urgencia en la «nueva la normalidad» para esquivar a la Cámara Alta.

Además de tratar de minimizar que PP y Junts tengan margen para hacer cambios a los proyectos de ley del Gobierno, acortando los plazos, Sánchez también busca evitar que los populares puedan detectar las debilidades en los textos que puedan desgastarle (cabe recordar que los servicios jurídicos del Senado también emiten informes y hay muy buenos letrados ahora allí que se han ido de la Cámara Alta por estar en desacuerdo con el letrado mayor Fernando Galindo por su vinculación con el PSOE) o que puedan bloquear los proyectos legislativos durante más de un mes y eso pueda alterar las prisas de Moncloa en según qué leyes, ya que los socios también condicionan mucho.

No cabe olvidar tampoco que la forma de legislar del actual Gobierno está arrastrando a errores de gran calado, como la Ley del «solo sí es sí», que ha beneficiado a violadores; la Ley de paridad, que puso en peligro el trabajo de empleados con conciliación; o, la reciente Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha dejado en riesgo una parte importante de la nómina de muchos jueces. El actual Ejecutivo, con una debilidad parlamentaria prácticamente inédita en democracia ya que nunca nadie había gobernado en España sin ganar las elecciones, se aferra a todo lo que puede para trabar la actividad del Senado.

En todo caso, con el abuso de la vía de urgencia, Sánchez da una muestra más de que usa todos los mecanismos que tiene en sus manos para ir mermando al Senado, aunque algunos incluso bordean la inconstitucionalidad y están siendo estudiados ya por el Tribunal Constitucional, como la supresión de la posibilidad de vetar los Presupuestos Generales del Estado, que se tramitó a través de la Ley de paridad, que no tiene ninguna relación y hay jurisprudencia ya.

Ante este escenario, el PP, en la reunión de la Mesa del Congreso del pasado martes, emitió una queja por el abuso del Gobierno de la vía de urgencia porque, además, no se «justifica de manera alguna» en muchas ocasiones. En otras, también es cierto, que Moncloa aduce que son transposiciones de directivas europeas en las que España corre el riesgo de una sanción. En todo caso, es responsabilidad del Gobierno por su debilidad parlamentaria para tramitar las leyes en las Cortes.