El PSOE desoye a los letrados del Congreso y acelera para quitarle el poder de veto con los Presupuestos al Senado

Tras las elecciones europeas, Pedro Sánchez da por cerrado el ciclo electoral y quiere comenzar a legislar. Cuando menos, aparentar que la legislatura tiene vida y que tiene capacidad para resistir hasta 2027. El reto más importante que tiene por delante es aprobar los Presupuestos de 2025 y, para ello, ha empezado a allanar el camino con una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para suprimir la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit y de deuda que presenta el Gobierno cada año para poder elaborar las Cuentas. En 2023, el Gobierno topó con la mayoría absoluta del PP en el Senado y ahora quiere evitar nuevamente ese escenario.

No obstante, la modificación legislativa está rodeada de mucha polémica porque se quiere introducir a través de la ley de paridad: es decir, a través de una enmienda (la 96) de las 110 que se han presentado. De hecho, el informe de la letrada de la Comisión de Igualdad advierte de la posibilidad de que sea inconstitucional introducir una reforma legislativa a través de otra ley que no guarda conexión de contenido. «A juicio de esta letrada, las enmiendas núm. 76 y núm. 96 no guardan coherencia con el objeto del proyecto de ley orgánica que se tramita y, conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, su tramitación como enmiendas podría vulnerar el derecho de los diputados y diputadas reconocido en artículo 23 de la Constitución Española», recoge el informe de la letrada.

No obstante, el PSOE y Sumar han ignorado la advertencia de la letrada y, de hecho, han votado en contra de aceptar el informe tanto en una reunión de la Mesa de la Comisión de Igualdad como en una reunión de la Mesa del Congreso. Es decir, los dos partidos del Gobierno han optado por ignorar explícitamente las indicaciones de los servicios jurídicos de la Cámara del Congreso.

La enmienda que trata de incorporar al Gobierno dice lo siguiente: «Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple». De esta manera, si el Senado, con mayoría absoluta del PP, rechaza los objetivos de deuda y déficit, se volverán a votar en el Congreso, que tiene mayoría de PSOE, Sumar y los socios independentistas, y eso permitirá al Gobierno dar trámite a los Presupuestos.

Sin objetivos de estabilidad presupuestaria, no cabe la posibilidad de que se tramiten los Presupuestos. Por ello es tan importante para el Gobierno atar ese punto.

Si bien, el Gobierno tampoco va a tener nada fácil aprobar este proyecto de ley porque en la primera reunión de la Ponencia de ayer se encontró con el posicionamiento en contra de PP y Vox. Queda por ver cuál es el posicionamiento final de los cuatro diputados de Podemos, imprescindibles para que la iniciativa salga adelante y, siendo una ley de igualdad, van a vender caro su apoyo.

La ley de paridad es la primera iniciativa legislativa que ha aprobado el Consejo de Ministros en esta legislatura, pero había quedado en un cajón. Tras la reunión de la Ponencia de ayer, los plazos de tramitación se aceleran y muy probablemente esté la ley lista antes de septiembre. Es importante esa circunstancia porque eso permitirá llegar al Gobierno a otoño con el camino despejado para aprobar los Presupuestos.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria, según marca la ley, se suelen aprobar por el Gobierno durante el primer semestre del año. En esta ocasión, Moncloa ya va tarde, pero previsiblemente antes de otoño acuerde los de 2025 para poder llevar los Presupuestos en octubre al Congreso. A partir de ahí, habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones porque Junts y Esquerra van a ser muy exigentes y están en un momento envenenado por el bloqueo político que hay en Cataluña.

Los independentistas pueden llegar a exigir una reforma de la financiación ya que no cabe olvidar que tanto Junts como Esquerra quieren recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. En cambio, el Gobierno también va a tener fuerza negociadora si, tal y como todo apunta, la aplicación de la amnistía se atasca: ahí, presumiblemente, tendrán que enmendar la norma.

El PP ya se opuso en la pasada legislatura a los objetivos de estabilidad presupuestaria porque aseguraba que el Gobierno se quedaba con casi toda la capacidad de endeudamiento y dejaba a las autonomías en mínimos. Los populares, que tienen casi todo el poder autonómico, apostaban por un mayor equilibrio, pero el Gobierno se opuso. Además, el PP también defiende una bajada impositiva en el IRPF para rentas bajas y medias y una reducción del IVA en carnes, pescados y conservas.

Si el Gobierno se queda nuevamente sin Presupuestos en 2025, lo más probable es que no pueda sobrevivir y España tenga que acudir a elecciones generales.