Sánchez lleva a la ministra de Hacienda a la reunión con el PNV, pero sigue sin recabar su "sí" a la investidura

Pedro Sánchez se mantiene todavía en 121 apoyos y necesita más de 176 para ser investido. De momento, no ha logrado cosechar para su investidura más que el respaldo de los diputados del PSOE a casi mes y medio de que venza el plazo para evitar una repetición electoral (27 de noviembre). De hecho, se resiste el "sí" de los socios que se supone que menores "problemas" pueden dar: Sumar, porque es el aliado natural del PSOE y en la campaña electoral reivindicaron su coalición; y, el PNV, porque fue el partido más fiel durante la pasada legislatura apoyando la mayoría de las iniciativas y tras el 23-J ha dado claras muestras de su inclinación al bloque de la izquierda al rechazar un pacto con el PP porque incluiría a Vox.

Sánchez ha mantenido este martes una reunión con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pero se ha saldado sin recabar el "sí". No obstante, las cosas parece que avanzan porque Esteban ha reconocido que los temas se van "acotando", aunque ha hablado de que el acuerdo puede tardar "semanas" en llegar aún. "Tenemos voluntad de explorar el acuerdo, pero todavía no están cerrados los temas con nosotros", ha señalado en el Congreso. Lo que sí ha dado a entender Esteban es que el alcance de ese acuerdo irá más allá de la propia investidura.

En este sentido, el líder del PSOE ha acudido a la reunión con la ministra de Hacienda María Jesús Montero: es decir, con la responsable del Gobierno que maneja todo el dinero público, lo que indica que el encuentro ha servido para hablar tanto de la investidura como de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. El propio Esteban reconoce que si se favorece la investidura, lo conveniente es darle margen de tiempo al Gobierno para que tenga cierto recorrido la legislatura y, por lo tanto, eso debe ir unido a una aprobación de las cuentas. "Si le vas a dar una oportunidad a través de la investidura tendrás que darle el mínimo instrumento para ir adelante", ha señalado Esteban.

De hecho, los socialistas es lo que están buscando, un acuerdo de legislatura para poder tener estabilidad y poder permanecer cuatro años en Moncloa. Los nacionalistas vascos parece que sí han dado su "sí" a acceder ese plan de darle tiempo al PSOE (Esteban se ha limitado a los primeros presupuestos y, en ningún caso, se ha comprometido a sostener al Gobierno cuatro años), pero se antoja más difícil que lo acepten Junts o ERC. Los posconvergentes ya han avisado que ni formarán parte de ningún bloque a lo largo de esta legislatura.

La reunión ha durado poco más de una hora y, aunque Esteban ha optado por ser discreto y dar pocos detalles de lo que se ha hablado, ha dicho que se ha abordado el autogobierno; materias socioeconómicas, lingüísticas y culturales; y, una carpeta "muy importante", que es cómo se va a "funcionar" porque hay muchos actores en la ecuación de gobernabilidad y hay que velar por el cumplimiento de lo acordado. En este sentido, los nacionalistas vascos han exhibido mucho malestar con el Gobierno del PSOE durante la pasada legislatura porque el Ejecutivo ha incumplido con el calendario que se fijó para las transferencias de competencias (Cercanías es de las que más cerca quedaron de pactarse antes del 23-J).

De momento, según recuerdan desde el gobierno vasco, todavía queda una veintena larga de transferencias del calendario que se pactó con Moncloa.

Esteban también ha hecho referencia a la Ley de Vivienda, que se aprobó con mucha polémica en el tramo final de la pasada legislatura. La norma incluía medidas como la regulación de los precios del alquiler, pero el PNV se opuso principalmente por la invasión de competencias que suponía. Ahora, Esteban ha reconocido que la Ley precisa de "retoques" porque no comparte algunas de las soluciones que se dieron para intentar rebajar los precios.

BNG

El BNG cuenta con tan solo un diputado en el Congreso y no es determinante para la investidura, pero quiere encarecer su apoyo. En este sentido, Néstor Rego ha explicado que los equipos negociadores de BNG y PSOE se han emplazado para explorar un acuerdo a partir de la próxima semana, aunque los nacionalistas gallegos llegan con muchas exigencias bajo el brazo, tanto de ámbito político, como económico y social.

En este sentido, en el ámbito político, Rego ha asegurado que va a ser una legislatura en la que la "cuestión nacional" va a estar sobre la mesa y, por tanto, ha puesto exigencias sobre la mesa en esa materia, aunque es consciente de que tampoco tiene mucho que hacer porque para esto es fundamental el Parlamento gallego y la Xunta, controlados por el PP, por lo que el BNG tiene muy complicado materializar sus exigencias. El diputado de los nacionalistas gallegos ha reprochado que los populares no hayan reclamado ninguna competencia en 14 años. "Nosotros trabajamos con ese horizonte de que pueda existir un nuevo estatus que nos reconozca como nación y blinde las competencias", ha señalado, sin querer posicionarse sobre el derecho a decidir para Galicia, algo que reclaman independentistas catalanes y vascos.

En este punto, ha dicho que en el anterior acuerdo de investidura "ya existía una clausula de que cualquier avance en el ámbito competencial de reconocimiento de las naciones se debía aplicar a Galicia también". "Cada país tiene su propia realidad, nosotros partimos de que ni siquiera el Estatuto de Autonomía se ha desarrollado en su totalidad porque hay muchas competencias que están pendientes y son importantes", ha dicho, en referencia a competencias como ordenación y gestión del litoral; salvamento marítimo; lucha contra la contaminación marítima; tráfico; seguridad viaria y seguridad publica; política penitenciaria; o gestión de los medios de la seguridad social.

Además de competencias y reconocimiento como nación, el BNG pide una financiación "más justa" y mayores inversiones en Galicia para revertir el déficit en infraestructuras ferroviarias, como Cercanías. Asimismo, Rego ha reclamado derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma laboral del PP; subir el SMI hasta el 60% del salario medio y las pensiones mínimas.