Sánchez «obliga» al Rey a sancionar la salida del cadáver de Franco

Si la medida pasa la votación en el Congreso, Felipe VI tendrá que refrendarla.

En el proceso piramidal del proceso de exhumación de Franco la cúspide la ostenta el Jefe del Estado. Según establece la Constitución en su artículo 62, le corresponde al Rey «expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros», por lo que si la estrategia de Sánchez de hacer un decreto ley por el que se modifican dos artículos de la ley de Memoria histórica para blindar su propuesta estrella prospera, Felipe VI se vería en la tesitura de refrendar la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos.

El Reinado de Don Felipe es muy diferente al que comenzó su padre, Don Juan Carlos. En aquel entonces el Consejo de Ministros presidido por Arias Navarro decidió que Franco fuera enterrado en la basílica de El Escorial, de común acuerdo con el padre del Rey. Pero todavía faltaban tres años para que se redactaran los principios del sistema constitucional que rige el funcionamiento institucional y democrático del país y, por tanto, el papel de la Monarquía. Don Felipe no tiene según la Carta Magna un papel decisorio, sino neutral y sin color político, por lo que debe firmar por ley lo que haya sido aprobado por las Cámaras.

Mañana el Gobierno de Sánchez detallará en el primer Consejo de Ministros tras el periodo estival para detallar su propuesta de decreto ley que la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios analizó ayer. Una vez presentado, éste tendrá que pasar por la votación de los partidos en el Congreso de los Diputados antes para que se dé luz verde al proceso. Partido Popular y Ciudadanos ya han anunciado que no apoyarán la iniciativa, pero cuando ésta, en 2017, se presentó en la Cámara Baja estando Pedro Sánchez en la oposición, sí contó con 198 votos a favor frente a 140 abstenciones.

Si, como todo apunta, la votación obtiene un resultado similar y la medida prospera, el Jefe del Estado rubricará la salida del cadáver firmada previamente por el presidente del Gobierno. Según establece el reglamento, una vez presentado el real decreto en el Consejo de Ministros se abre un plazo aproximado de un mes, aunque este periodo está aún por determinar, para que los partidos políticos presenten sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional, como ha afirmado el PP que hará, o mediante una impugnación vía administrativa como pueden hacer los nietos de Franco. Esta situación llevaría al Jefe del Estado a abordar este asunto en mitad del «otoño caliente» anunciado por el separatismo catalán, desde que a principios de mes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, establezca su hoja de ruta soberanista, hasta el 1 de octubre en que se cumpla un año desde la convocatoria del referéndum ilegal pasando por la Diada el 11 de septiembre.

Con toda probabilidad los partidos soberanistas sacarán rédito de este escenario, ya que votarán a favor de la exhumación como socios de Gobierno que son de Sánchez tras la moción de censura, y ha quedado claro que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene a Don Felipe en la diana como máximo representante de la unidad del país que él quiere destruir. del curso político. La Corona afronta así dos asuntos que dividen a España al inicio del curso político.